El gigantesco incendio del sábado 12 de abril de 2014 que arrasó barrios enteros en algunos de los cerros más pobres de Valparaíso y, sobre todo, sus terribles consecuencias para la población más desvalida, tiene como causas estructurales la pobreza, la gigantesca desigualdad social imperante en Chile, el capitalismo dependiente, el modelo neoliberal y el desinterés real de quienes han gobernado el país durante las últimas cuatro décadas por disminuir la desigualdad social y por adoptar medidas eficaces que reviertan la profunda decadencia en que se encuentra el otrora principal puerto del país.
En los últimos días, concurrí a dos eventos muy emotivos. Ambos significaron un respiro de aire fresco, de sincera amistad, de solidaridad y de consecuencia política, en contraste con la atmósfera maloliente y de crisis moral desencadenada en nuestro país, al darse a conocer los así llamados casos Penta, Caval y Soquimich, que han dejado estupefacta a la opinión pública nacional. 
Degustación de vinos orgánicos de producción artesanal, almuerzo campestre y visita a viñas con parras de cabeza, desconocidas en otros valles vitivinícolas de Chile, es parte de la oferta de Explora Ñuble que este domingo maravilló a visitantes que se alojaban en Chillán.
Tres periodistas fueron asesinados en cuatro días en la provincia Suchitepéquez, sur de Guatemala. El sábado 13 la empresa Servicable, del municipio Chicacao, reportó la muerte de su camarógrafo Guido Armando Villatoro, de 20 años. El martes fueron asesinados Federico Salazar, de Radio Nuevo Mundo, y Danilo López, del diario Prensa Libre, mientras caminaban por la plaza de Mazatenango, también en Suchitepéquez. En este ataque sobrevivió herido el comunicador Marvin Tunches, de un canal local de TV.
El sistema político completo tambalea. El Servicio de Impuestos Internos ha estimado, contra toda lógica, que era urgente esperar en las investigaciones. En tanto, los ejecutivos de SQM se reúnen para analizar la mejor forma de evitar que llegue a la luz pública lo que ya es conocido en las esferas bien informadas: que durante años esta empresa privatizada por Pinochet pudo delinquir con plena impunidad mediante el oportuno financiamiento de las campañas de determinados diputados y senadores de la Concertación, para no hablar de eventuales intervenciones en el financiamiento de campañas presidenciales.
Un histórico “cara a cara” entre la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y las organizaciones latinoamericanas que lideran la ofensiva para instituir el derecho a la comunicación de la ciudadanía se dará el 16 de marzo en Washington durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En la cita participará la presidenta de Colegio de Periodistas de Chile, Javiera Olivares, quien relevará aspectos como la necesidad de regular la alta concentración de la propiedad de los medios, el desigual avisaje estatal entre las empresas periodísticas y la necesidad de fortalecer los medios públicos, locales, y comunitarios.
El juez Juan Manuel Escobar, a cargo de la formalización de los implicados en el caso Penta, recalcaba la baja penalidad que tienen los delitos de cohecho y soborno en el Código Penal chileno, sobre todo si se recurre a la legislación comparada. A mi modo de ver, es comprensible, pues para nuestra plutocracia en el poder, que también es la que legisla, el cohecho “no vendría a ser un delito, sino una virtud”, en el sentido de constituirse en un correctivo de los males inherentes al sistema político. (Según mi padre, su profesor de derecho constitucional, Víctor Delpiano, enseñaba que el cohecho es un correctivo del sufragio universal, que conducía a la dictadura de la plebe).
Más allá de las
La encuestadora Cadem reveló en un nuevo sondeo que el 76 por ciento de los consultados considera correcta y justa la prisión preventiva contra los controladores del Grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, en tanto la evaluación negativa del sistema judicial retrocede de un 60 a un 49 por ciento post formalizaciones.
Miles de brasileños marcharon en Sao Paolo, Brasilia, Río de Janeiro y Belo Horizonte para exigir la destitución de la presidenta, la cual fue reelecta el año pasado con el 51,64 por ciento de los votos.