El ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago para causas por violación a los derechos humanos, Mario Carroza, dictó acusación en dos procesos que instruye, referidos a hechos ocurridos en septiembre y octubre de 1973, respectivamente, en la Región Metropolitana. En el primer caso, el ministro Carroza acusó a funcionarios en retiro de Carabineros de dotación de la subcomisaria de Recoleta, por su responsabilidad en los homicidios calificados de 12 vecinos de la población Franklin Délano Roosevelt, de la comuna de Conchalí, ejecutados entre el 23 y 24 de septiembre de 1973.
Según informa la prensa, personal policial (carabineros) allanó anoche el Palacio Presidencial de La Moneda en busca de computadores de Sebastián Dàvalos, hijo de la presidenta, en el marco de una investigación judicial por el delito común de tráfico de influencias.
Según el diputado René Safirio, el pánico cunde entre los parlamentarios a la espera de que se abra el caso Soquimich de las boletas fraudulentas para financiar las campañas políticas. En este caso el número de involucrados sería muy superior al del caso Penta, agregando a miembros de la Nueva Mayoría, teniendo – según algunos analistas – un efecto letal sobre el sistema político-empresarial.
Parlamentarios del PS, UDI, PPD y DC figuran entre los clientes del otrora operador político y ahora experto en campañas electorales, Alejandro Chaparro, condenado por cohecho en el “Caso Coimas”. Hoy está bajo la lupa de Impuestos Internos y la Fiscalía por múltiples facturas que emitió la empresa Asesorías Cristina Zúñiga para encubrir aportes ilegales a campañas, informa un reportaje de Ciper. Chaparro es el motor y “estrella” de esa empresa. Hasta ahora aparece con cinco facturas pagadas por Soquimich y una por Corpbanca para la campaña de Zalaquett. Entre sus clientes figura Javier Macaya, actual timonel de la UDI.
Había fracasado la invasión a Bahía Cochinos hace menos de un año y el gobierno de Fidel Castro, en Cuba, empezaba a consolidarse y a irradiar el modelo comunista al resto de América Latina. En este contexto, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos idearon uno de los planes más tristemente célebres: atacar algunas ciudades estadounidenses y fingir acciones terroristas.
La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por el secuestro calificado de Sergio Riveros Villavicencio, ilícito perpetrado a partir del 15 de agosto de 1974. La víctima fue ingresada a al centro de detención clandestino de “Londres 38”, desde donde se pierde su rastro.