
El próximo gobierno de Bachelet tendrá la mayoría parlamentaria suficiente para sustituir el aberrante sistema de AFP, así como lo tuvo su anterior gobierno, contrariamente a lo que ella afirmó en el debate para las primarias. Ahora, además de la mayoría en la Cámara de Diputados, la Concertación dispondrá de una mayoría en el Senado de 21-17, debido a los doblajes de Antofagasta y Coquimbo. La vez anterior, en virtud del doblaje en Concepción, obtuvo una mayoría de 20-18. Y el sistema de seguridad social requiere solamente para su modificación de la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio.

El liderazgo de la Concertación debiera explicarle también a sus bases y al país porqué desarrolló bajo sus sucesivos gobiernos políticas destinadas a consagrar la impunidad de la tortura sistemática llevada a cabo por la dictadura.
El “sueño del pibe” de la derecha es tener a todos “los rotos” en la casa – según los reaccionarios y clasistas, ser pobre es equivalente a ser ladrón, por el contrario, ser millonario es equivalente a ser virtuoso y “trabajador” – para evitar que “la canalla” se rebele y, para evitarlo, lo más aconsejable es convertirlos en pacos o milicos. La visión de la de la derecha sobre seguridad se reduce a bala y panóptico y, como el gobierno de Sebastián Piñera fracasó en lo que era su promesa principal de su campaña, es decir, trancar la puerta giratoria, hay que buscar chivos expiatorio que, en este caso, son los jueces, ahora acusados de garantistas, solamente porque se ciñen al código penal, como también el derecho que ejercen los imputados a su legítima defensa.



El liderazgo de la Concertación debiera explicarle también a sus bases y al país por qué el gobierno de Lagos designó comandante en jefe del Ejército a Emilio Cheyre en 2002, en circunstancia que a esa fecha ya se habían publicado denuncias que lo involucraban en las ejecuciones de la “caravana de la muerte” de La Serena y su posterior ocultamiento; y que con ocasión de su nombramiento se publicaron numerosas denuncias gravísimas adicionales.

El liderazgo de la Concertación debiera explicarle también al país por qué el gobierno de Aylwin convalidó la virtual ejecución por parte de Carabineros de dos delincuentes subversivos en un barrio de Ñuñoa en 1992; y la masacre de seis personas –tres completamente inocentes- en Avenida Apoquindo en 1993, luego de un cruento asalto a un banco efectuado por otro grupo subversivo.