Una serie de personalidades de instituciones en su mayoría bien desprestigiadas (algunos monseñores, un ministro de Estado, un ministro de corte, un ex Presidente, y por cierto El Mercurio y la derecha, a la que pertenecen los criminales enfermos) están sosteniendo que quienes se han destacado por su atropello a todos los derechos humanos esenciales, sus crímenes de lesa humanidad (que dañan a la humanidad toda), su crueldad atroz, inédita en nuestra historia y en América Latina, sus daños por generaciones a familias, organizaciones e instituciones enteras, su oprobio a la mayor parte de la ciudadanía, que los sentenció con su opinión en consultas sucesivas, su persistencia hasta hoy de que, al matar y torturar a viejos, mujeres y niños, hacían lo que en justicia debían hacer y, por tanto, su negativa al arrepentimiento postrero, deben hoy ser puestos en libertad por respeto a sus derechos humanos.
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