
La Corte de Apelaciones ratificó la resolución dictada el 27 de julio pasado, por el Cuarto Juzgado de Garantía que decretó la medida cautelar de arresto domiciliario total de Jaime Orpis Bouchon, imputado en el denominado caso Corpesca.
Archivo periodístico 2005–2019

La Corte de Apelaciones ratificó la resolución dictada el 27 de julio pasado, por el Cuarto Juzgado de Garantía que decretó la medida cautelar de arresto domiciliario total de Jaime Orpis Bouchon, imputado en el denominado caso Corpesca.

La crisis entre la cúpula republicana se agudizó, mientras la campaña demócrata se prepara para enfrentar más escándalos y la mayoría del electorado percibe a ambos candidatos presidenciales de manera desfavorable.
La crisis económico-financiera de 2007-2008 estremeció losfundamentos de la economía capitalista (ésta es su modo de producción) y del neoliberalismo (éste es su expresión política). La tesis básica era dar primacía al mercado, a la libre iniciativa, a la acumulación privada, a la lógica de la competición, en detrimento de la lógica de la cooperación y a un Estado mínimo. El lema en Wall Street de Nueva York era: “Greed is good”, la codicia es buena. Quien mira desde una perspectiva mínimamente ética ya podía saber que un sistema montado sobre un vicio (codicia) y no sobre una virtud (bien común) jamás podría resultar bien. Un día se derrumbaría.
En el primer semestre de 1978, en las oficinas de Odeplan y dirigidos por Roberto Kelly, un grupo de jóvenes economistas trabajó por varios meses en un plan para reformar el sistema de previsión chileno. Cuando estuvo terminado, fue difundido entre los miembros de la Junta Militar y los ministros. Hubo algunas reacciones indignadas.

Voces de la Nueva Mayoría tercian con encendidas acusaciones en el debate acerca de las AFP, su origen, implementación, perfeccionamiento y consecuentes desgracias. Abundan en esas críticas adjetivos, acusaciones y denuestos.
Ante el escándalo de las pensiones en Gendarmería, cuya prima dona es la cónyuge del presidente de la cámara de diputados de jactanciosa e inmerecida autodenominación socialista, se interpela a la ministra de Justicia. Un parlamentario correligionario del marido le da amplio respaldo a la ministra, los ciudadanos corean “sinvergüenza”, el marido ordena desalojar con la policía la sala. El correligionario espeta “fuera viejas culias”. A ningún parlamentario se le pasa por la cabeza eso de la comisión de ética, la señora Pascual, celosa y mediática cumplidora de sus labores en la guerra de los sexos, tampoco atina a decir nada, ante el evidente insulto a un género al cual ella defiende y a partir de lo cual se llena los bolsillos.

Los diputados DC Marcelo Chávez, Fuad Chahin, Patricio Vallespín, Pablo Lorenzini y Ricardo Rincón pidieron al Ejecutivo el envío de un proyecto que posibilite, por una sola vez, el retiro de hasta el 25 por ciento de los ahorros previsionales de cada cotizante para comprar un inmueble o entregar un pie en un crédito hipotecario.

Transcurridos tan sólo quince días desde el envío a la Cámara de Diputados, el 5 de julio pasado, de la tan esperada y anunciada y latamente diferida ley de Reforma de la Educación Superior, pieza supuestamente clave y suputada “histórica” de la viscosa y empantanada Reforma Educacional iniciada por el sintomático gobierno de Bachelet 2, la ministra Delpiano torna públicamente conspicuo un nuevo síntoma de la patología política del actual gobierno, al solicitar de forma intempestiva, arbitraria e irregular la renuncia de su cargo a la flamante Rectora de la recién creada Universidad de Aysén, la académica doctora en Ciencias, especialista en biología molecular, Roxana Pey, de reconocida trayectoria en la Facultad de Ciencias y luego en otras facultades de la Universidad de Chile.
El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó auto de procesamiento en contra de tres ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado de Guillermo Enrique Rodríguez Solís, ilícito perpetrado en diciembre de 1988, en el centro de la ciudad.

La Corte Suprema dictó sentencias condenatorias en tres procesos por violaciones a los derechos humanos que instruyeron en primera instancia, los ministros en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez y Mario Carroza, y de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa.