En Chile se está dando una paradoja, pues en pocos días se tramitan tres cambios fundamentales en el Parlamento: 1) el cambio del sistema electoral, que define las reglas del panorama político; 2) el Pacto de Unión Civil, por el cual se transforma, en forma importante, la vida patriarcal y conservadora chilena; 3) el proyecto educacional llamado de la “Inclusión”, que termina con el co-pago, la selección y el lucro. Todas estas reformas, que en otras épocas hubiera movilizado a gran parte a la opinión pública chilena y, además, provocado acalorados debates en torno de las mismas, en la actualidad están pasando desapercibidas, pues toda la agenda está copada por el PentaGate-UDI, que es percibida más que la crisis terminal de un partido de derecha, como una de legitimidad y credibilidad de todo el sistema institucional chileno.
El Informe de Seguimiento y Monitoreo de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes en Chile (2014), fue presentado por la ONG Raíces, la Corporación Paicabí, y representantes de ECPAT Internacional (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes), la red mundial de organizaciones y personas dedicadas a combatir la explotación sexual infantil. Para quienes atienden a las víctimas de este flagelo, las medidas de prevención en Chile son insuficientes.
Nuevos documentos comprueban que el presidente de la UDI, diputado Ernesto Silva, tenía acciones de la isapre Bandémica, del grupo Penta, en el momento de una votación clave sobre este sector de la salud privada. Correos electrónicos entre Silva y Carlos Eugenio Lavín lo comprometen. La factura que el presidente de la UDI mostró por la venta de sus acciones prueban que mientras se tramitó la iniciativa todavía tenía participación en ella y no se inhabilitó.
