Archivo Histórico de El Clarín
Prensa, política y sociedad chilena | 2005–2019
La Fiscalía Regional Metropolitana Sur informó esta tarde que presentó ante el 15 Juzgado de Garantía de Santiago a tres imputados por la colocación de artefactos explosivos. El tribunal acogió los argumentos de la fiscalía y amplió su detención hasta este martes 23 de septiembre, fecha en la que exhibirá pruebas que acreditan su participación en delitos de carácter terrorista acontecidos en Santiago.
Me contaba un siquiatra, serio universitario formado y con diploma en los tiempos de la educación pública, laica, de calidad y gratuita, que habita en algún rincón del alma, en todos aquellos que han sido presidentes de la patria un profundo deseo de volver a serlo.
La violencia ha marcado trágicamente toda nuestra historia. Pocos países de América Latina pueden recordar dos guerras de expansión territorial y un número tan abundante de acciones represivas en contra del pueblo chileno, de nuestras minorías étnicas y de los obreros y campesinos. Solo entre los años 1900 y 1970 nuestros historiadores calculan más de 15 mil muertos de manos de nuestros militares y policías, cifra que se supera con creces a partir del Golpe Militar de 1973.
Desde el 11 de septiembre de 1973 Chile dejó de ser una república para convertirse en un almacén: todo se compra y se vende, todo tiene un precio. Es cierto que el espíritu de almacenero nos viene de los vascos, que llegaron a Chile en el siglo XVIII, “virtud” que se ha prolongado hasta nuestros días. Nuestros aristócratas compraban los títulos de nobleza en la península para ostentar esos escudos en sus casas solariegas. Nuestra primera autoridad fue, nada menos, que don Mateo de Toro y Zambrano, Conde de la conquista; de ahí para adelante el deporte de comprar títulos se fue haciendo común. El novelesco “Cuevitas” se compró el de Marqués con el dinero de su mujer, la hija de Rockefeller; el conservador Manuel José Yrarrázabal era el marqués de Pica, dueño de la provincia de Petorca. Santiago Arcos se reía de la aristocracia sosteniendo que cada uno de sus miembros poseía su propio feudo. Cuando se aburrieron de comprar títulos de nobleza se dedicaron a alquilar y sortear títulos de senadores y de diputados.
La solemne declaración de guerra del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, contra el Estado Islámico (EI), además de patética, es una evidencia cristalina del cinismo cada vez mayor de la élite política de Occidente. El comandante en jefe de la primera potencia militar del planeta y premio Nobel de la Paz declara la guerra a otra pandilla de asesinos gestados por ella misma, como en su momento hizo Bush contra Al Quaeda y Osama Bin Laden. Sus palabras, por cierto, recordaban mucho las de su antecesor.
El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, confirmó que tres personas sospechosas, dos hombres y una mujer, de participar en una serie atentados con explosivos en el país, incluida la bomba colocada en el metro, han sido detenidas. “Hemos recibido con satisfacción esta madrugada la noticia de la detención de tres presuntos participantes en los actos terroristas que hemos conocido en los últimos meses”, dijo.
Unos cuatro millones 400 mil escoceses mayores de 16 años están llamados a las urnas para decidir hoy la independencia de su territorio o la permanencia en el Reino Unido. De acuerdo con las últimas encuestas, los partidarios del No a la soberanía tienen ventaja sobre sus contrincantes del Si, aunque la diferencia en los estudios oscila entre dos y cuatro unidades porcentuales.
El escándalo de La Polar de 2011, que hizo emerger a luz pública no sólo la ambición sin límites por el lucro sino el abuso y fraude como modelo de negocios en la sociedad neoliberal, ha sido superado por la millonaria estafa del ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, y sus cómplices de la elite bursátil, por la cual la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) pide una multa de 164 millones de dólares, la mayor aplicada en la historia de esa institución.
Lo que está en juego estos días, estos meses en México con referencia al campo no es sólo un proyecto sexenal más de reforma al medio rural; es la imposición de un modo civilizatorio que está calentando al planeta y a la sociedad global y el paciente surgimiento de una alternativa humanista, incluyente al mismo.
El senador Eugenio Tuma precisó que se fijó un mes y medio de plazo para diseñar una iniciativa para aumentar las sanciones por delitos económicos y contextualizó recordando la colusión de las Farmacias. “La convicción de la ciudadanía es que no hay sanción, que hay impunidad pese al pago de multas, porque éstas son insignificantes respecto del beneficio. Lo mismo está ocurriendo con el Caso Cascadas, donde accionistas de las AFP y accionistas minoritarios de otras sociedades han sido vulnerados en sus derechos, no se sienten protegidos, y sienten que no hay sanción”.