
Una de las principales obligaciones del estado es administrar justicia. El poder de judicial durante la dictadura nada hizo por defender los Derechos Humanos. En democracia donde las principales agresiones que reciben las personas no son ya los atentados contra la vida sino los abusos de las grandes empresas y los actos de corrupción de la clase política el poder judicial se muestra igualmente incapaz y falto de voluntad para proteger a los ciudadanos.



La intención gubernamental de reformar la Ley de Telecomunicaciones desató la ira mediática en Honduras, “en defensa de la libertad de expresión”, ante un posible cambio del espectro radioeléctrico que contempla “una asignación de 33% para los servicios comunitarios, 33% para servicios comerciales y 34% para satisfacer las necesidades comunicacionales del Estado, Gobierno de la República y Gobiernos Municipales o Mancomunidades”, según informó la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda.

Como para mí la acusación constitucional no es un instrumento jurídico, sino una facultad fiscalizadora política, la única herramienta con que cuenta la Cámara de Diputados para controlar la “monarquía absoluta en Chile”, no puedo condenar a los senadores Jaime Quintana y Lily Pérez por opinar sobre esta materia.

Las reflexiones y análisis rigurosos y comprometidos son imprescindibles en este periodo turbulento y caótico, en el cual las fuerzas antisistémicas tienen dificultades para orientarse y definir un rumbo. Algunos de esos análisis han jugado un papel destacado en los debates que realizan los movimientos, porque iluminan los temas más importantes para orientarse en el largo plazo.
