Con la participación del juez español Baltasar Garzón y una serie de científicos nacionales y extranjeros, concluyó el II Congreso del Futuro organizado por el Senado. Tras el cierre, el español se refirió a la decisión del juez Mario Carroza, que acogió a trámite una querella presentada por la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos en contra de los instigadores del golpe de estado de 1973.

Chile sufre el mal de las sociedades trasplantadas, aquellas nacidas a partir de la conquista de los pueblos originarios. Nunca los conquistadores han reconocido la primigenia posesión de los territorios a los pueblos originarios. Por el contrario, los han despojado de cuanto tenían y emprendido una política de exterminio. Han cometido etnocidio y genocidio. El imperio español no fue el primero. En su expansión de ultramar articuló las nuevas Leyes de Indias para garantizarse la continuidad de la mano de obra y regular las condiciones del trabajo forzado en minas y obrajes para no estancar la producción de oro y plata. No hubo humanidad en ellas, sólo interés. El resto es discusión filosófica.
Como casi todas las giras presidenciales en regiones, la última que encabezó el Presidente de la República en Punta Arenas con una fugaz visita al territorio antártico, dejó como saldo las fotografías en el frontis de un par de obras a inaugurarse, alguna reunión con sus cercanos políticos, otra con dirigentes sociales dispuestos a ser parte de la fotografía y el necesario recuento de las inversiones que el gobierno ha hecho la región.
Que el Estado pida disculpas a los mapuches por el genocidio, llevado a cabo por los gobiernos de José Joaquín Pérez y Domingo Santamaría y el ejército chileno, constituye un deber ético ineludible. Como el Presidente Patricio Aylwin lo hizo, visiblemente emocionado, cuando recibió el Informe sobre los atropellos humanos, perpetrados por la dictadura de Augusto Pinochet, sería loable que el Presidente Sebastián Piñera hiciera un gesto similar hacia los pueblos originarios. Hasta ahora el gobierno sólo ha respondido con una brutal militarización y con amenazas de aplicación de la ley antiterrorista.
Un importante grupo de historiadores entregará nuevamente en La Moneda, el próximo martes 22 de enero, una carta en la cual expresan sus puntos de vista y demandas respecto al denominado conflicto chileno-mapuche.

Desmenuzar el conflicto Mapuche y plantearlo como un mero espacio de confluencia de expresiones políticas, culturales o sociales nos puede inducir a una errónea comprensión y explicación de este.
