Nuevas formas de impunidad se están imponiendo en Chile. La “política de los consensos” de ayer facilitó durante dos décadas el ocultamiento de ex agentes de seguridad en las filas de las Fuerzas Armadas, mientras “la nueva forma de gobernar” les ha abierto paso a ocupar cargos de distinta relevancia en la estructura del Estado.
El ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter anunció este mediodía que Jacqueline Van Rysselberghe sigue en su cargo como Intendenta del Biobío, descartando su destitución luego de “desafortunadas declaraciones” que emitiese la gobernadora regional y que vinculan su gestión con irregularidades donde incluyó la participación del ministerio de Vivienda en la entrega de beneficios a pobladores cuyas casas no sufrieron daños por el terremoto.
El abogado querellante por parte del gobierno, Guillermo Leyton, designado hace un par de días para hacerse cargo de esta parte del proceso, pidió hoy la recalificación de los cargos de carácter terrorista que afectan a 14 de los 17 comuneros mapuche enjuiciados en Cañete, a delitos comunes.
“Pasamos por un momento muy oscuro”, me dijo Jorge Arrate, activista político desde hace mucho tiempo y candidato reciente a la presidencia chilena, cuando le pregunté cómo podrían avanzar los ideales socialistas.
Pese al acentuado cuestionamiento a la ley antiterrorista, considerada instrumento para acallar la protesta social, la fiscalía chilena insistió en invocarla en el juicio contra 17 comuneros mapuches y solicitó largas condenas.