Una campaña presidencial lánguida y sosa. Ahora la mueven las revelaciones que se hacen con respecto al entorno más próximo al gobierno sobre un supuesto pago de 12 millones de dólares para gestionar un proceso de sometimiento a la justicia para los hermanos Calle, alias “Comba”, parte de los rastrojos, alias “cuchillo” y el “Loco Barrera”.
La Corte de Apelaciones de Valdivia acogió el desafuero del diputado Rosauro Martínez Labbé (RN), investigado por su responsabilidad en los homicidios calificados de Próspero del Carmen Guzmán Soto, Patricio Alejandro Calfuquir Hernández y José Eduardo Monsalve Sandoval, integrantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), ocurridos el 20 de septiembre de 1981, en el sector de Remeco Alto, comuna de Panguipulli.

El diario



Nos vemos en la obligación de contestar a esta inmobiliaria, la que en su pretendida explicación publicada el viernes 9 de mayo pasado en El Mostrador señaló sin ambages que “el proyecto se emplaza en terrenos de uso habitacional desde el año 2006” agregando que el mismo “se desarrolló desde un principio de acuerdo a la legislación y normativa vigente y con todos los permisos necesarios para su construcción”.

La minería de oro se ha convertido en un flagelo que azota muchos países de América Latina. En algunos sitios operan unas pocas transnacionales gigantes, pero en otras zonas se agolpan cientos a miles de personas, hurgando en los ríos de las selvas o entrañas de las montañas por unos gramos de oro. Mientras que las grandes corporaciones insisten en contar con tecnologías de punta, servir al crecimiento económico y bridar empleo, la minería a pequeña escala, informal o ilegal, está bajo la sombra de la contaminación, la violencia y la pobreza.