Acostumbrados a orarle a la ‘historia oficial’ y arroparse con la comodidad que otorga la confianza en un inmovilismo perenne, los seguidores a ultranza de una economía de mercado basada en la ley del más fuerte y en una profunda desigualdad social que tiene eco directo en el incremento a fondo de la brecha económica, siempre culparán a los pobres como responsables de su estado de miseria, pero jamás reconocerán que los marcos legales y jurídicos son tanto o más culpables de esos estados de carencia que los propios carenciados.
El tema político del momento es la comprobación de cuánto está tutelada nuestra institu cionalidad por el Tribunal Consti tucional. Una certeza que ha sido plenamente acreditada en estos 27 años de posdictadura, pero que ahora se hace más evidente con la posibilidad de que leyes importantes aprobadas por el Congreso Nacional puedan en definitiva tropezar con la decisión de los jueces políticos que integran lo que ya se le llama nuestra tercera cámara legislativa. 
Carlos Eduardo Ramírez salió a buscar empleo el jueves 18 de mayo. Alrededor de las 3 de la tarde caminaba por una de las calles cercanas a la estación del Metro de Altamira, en Caracas, cuando un grupo de unos 20 opositores al gobierno encapuchados lo abordó. De inmediato comenzaron a golpearlo con palos y piedras. Uno llevaba una pistola. 
Con esas palabras la Directora General de la UNESCO, Irina Bokova, comenzó su conferencia en la Academia Diplomática de Santiago en el marco de su visita oficial a Chile, entre los días 24 y 25 del presente en la cual tiene contemplada una reunión con la Presidenta de la República, Michelle Bachelet y con otras autoridades nacionales.
“He visto lo que ha sucedido en los últimos días en Venezuela y ha habido una votación bien impresionante: más de siete millones de personas fueron a votar en contra de la Asamblea Nacional Constituyente”, sostuvo la Presidenta Michelle Bachelet en una entrevista al diario argentino La Nación donde fijó la postura chilena frente a la consulta popular convocada por el presidente del país caribeño, Nicolás Maduro y al plebiscito organizado por la oposición. Frente a la arremetida chilena, Maduro contestó hoy: “Vi las declaraciones de la Presidenta Bachelet a la cual estimo, a la cual respeto. Ellos siempre metiéndose en los asuntos de Venezuela, cuando yo no me meto en los asuntos de Chile”. “Se la pasan declarando libremente porque los llaman del departamento de Estado para que paguen peaje y hablen de Venezuela. Y la Presidenta Bachelet que es una mujer informada, toma como referencia esta cifra. Lo que no sabe es que los medios de comunicación y su canciller le mienten”, concluyó. El Mostrador
La clase política es incapaz de medir el alcance de sus palabras. Y tampoco de sus actos, hoy, bajo una atenta mirada de la opinión pública. La aprobación por la Cámara de Diputados hacia finales de la semana pasada de una resolución con recomendaciones para superar la crisis del Sename ha sido un efecto para tapar las críticas, y también la vergüenza tras el rechazo, pocos días antes, del informe evacuado por la comisión investigadora Sename II. 
Es interesante observar como la prensa chilena sistémica que patrocina los objetivos bastardos de la elite, y que trata de desnaturalizar la realidad para el resto de la población, le ha dado un carácter anecdótico y social que linda en lo ridículo, al renacimiento y cambio de rumbo del partido laborista en las elecciones recién pasadas en el Reino Unido bajo la dirección del Sr. Jeremy Corbyn. 
La expresidenta argentina y candidata a senadora Cristina Fernández tiene un 39,8 por ciento de los votos para las primarias de cara a las elecciones legislativas de este año.
La relación de admiración y amistad que el escritor uruguayo tuvo y mantuvo con Juan Rulfo está bien y sabrosamente documentada en este acucioso artículo que pone a dialogar a estos dos grandes nombres de la literatura latinoamericana.
En el contexto de la jornada de protesta NO+AFP trabajadoras y trabajadores, y miembros del Directorio de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, junto a otras agrupaciones de Derechos Humanos, protestaron por las millonarias pensiones que reciben los condenados de Punta Peuco y evidenciaron también los otros beneficios que siguen recibiendo los acusados de violaciones a derechos humanos.