
El gobierno chileno, que suscribió en febrero pasado el TPP (Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica), tenía en agenda su ratificación por el Legislativo durante el año, trámite que tras diversos desvíos y obstáculos ha comenzado a postergarse con posibilidades de replegarse a los últimos meses del año. Los escenarios político y social internos se han enrarecido y el global está en un interregno.



A la espera de la decisión de la Corte Suprema se encuentra el episodio Copiapó de la Caravana de la Muerte, que a su paso por esa ciudad asesinó a 16 personas. La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó las condenas de primera instancia de la ministra en visita Patricia González que impuso penas de 15 a 10 años de presidio. El fallo condenó a miembros del ejército provenientes de Santiago y a personal del regimiento de Copiapó que participó en esos crímenes.
El breviario de la casta política chilena (la encuesta CEP) arrojó resultados previsibles, pero igual de alarmantes para el duopolio que sigue organizando la vida política en postdictadura: sólo un 15 % de los encuestados aprueba a la Presidenta Michelle Bachelet y a su Gobierno; con la desaprobación de un 66 % de ambos. Y por debajo de la línea de flotación que sitúan en el 20 % a un Gobierno para ser creíble. 

