Dentro de dos o tres días, y a menos que ocurra algo inesperado e improbable, Dilma Rousseff, relecta en octubre de 2014 con 54 millones de votos, tendrá su mandato popular liquidado por decisión de al menos 54 de los 81 senadores brasileños. El golpe institucional abierto por el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, apartado de su puesto por orden de la Corte Suprema gracias a sus reiteradas travesuras en su única verdadera especialidad, la corrupción más deslavada, se habrá consumado. Cunha, a propósito, sigue libre: será juzgado por sus pares cuando la farsa haya terminado. Mientras, esgrime su arma favorita: amenaza con decir todo lo que sabe, y lo que sabe tiene fuerza para destrozar a la mitad de los integrantes del Congreso brasileño.
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