Entre las calamidades propias de nuestra larga y frágil geografía, el país ha debido asumir, también, toda la escandalera de la política y sus colusiones con los empresarios más inescrupulosos. Es ya un lugar común reconocer que enfrentamos un momento de estupor e indignación colectiva que nos tiene en riesgo de una nueva ruptura institucional. Las operaciones del Consorcio Penta y de la minera Soquimich para extraviar a la política y procurarse verdaderos monigotes en todo el espectro partidista, nos señalan nuevos empresarios involucrados en actividades fraudulentas pero, ahora, a políticos y sicarios comprometidos en relaciones indebidas con personajes que, además de ser favorecidos por la Dictadura, fueron activos cómplices de sus más graves despropósitos. A mayor abundamiento, el hijo y la nuera de la Presidenta de la República enfrentan también una serie de acusaciones frente a la Justicia en que se les imputan fraudes, sobornos, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
Estudiantes agrupados en la Coordinadora por la Defensa de Arcis (CDA), llamaron a la comunidad estudiantil de dicha casa de estudios a sufragar los tres primeros días de inicio del año académico, para definir su posición respecto al ingreso del Administrador Provisional a la institución. Aquello fue manifestado en un comunicado público emitido con fecha 7 de abril, en el que convocan a un plebiscito universal, secreto, público, informado y formal, para los días 13, 14 y 15 de abril del año en curso.
Como un debate que “provoca pasiones encendidas” y “opiniones fuertes”, definió el presidente de la Comisión de Salud, diputado Juan Luis Castro (PS), la sesión en que se continuó revisando el proyecto que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en causales de riesgo de la vida de la madre, inviabilidad fetal y violación.
