Hemos escuchado decir que, en función de su liderazgo, los gobiernos y los políticos deben tener licencia para imponer sus objetivos aún sea en contra de la voluntad popular. Concretamente, se postula en estos días que el Estado debe financiar a los partidos y a sus procesos electorales aun cuando esto pudiera ser repudiado por los ciudadanos. De la misma forma, por lo demás, que en el pasado algunos “iluminados” decidieron mantener la Constitución y las leyes de la Dictadura consintiendo en que, aunque ´´estas fueran ilegítimas en su origen y contenido, eran la mejor forma de encarar el proceso de transición a la democracia. Al igual como se extendieron el modelo económico neoliberal, las restricciones a los derechos sindicales y los despropósitos conocidos en materia de educación salud, previsión y tantos otros.
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