¿Qué peor consejera en esta vida que la soberbia? Mucho más si ella proviene de un funcionario de un medio de comunicación, como es el caso de Canal 13, estación dotada de una incontrarrestable capacidad amplificadora, cuyo propietario es, ni más ni menos, que el hombre más rico de Chile. El mismo empresario que no tuvo empacho alguno en prestarle a través de su banco, más de mil veces el patrimonio de su pyme a la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, para que se comprara unos terrenitos en Machalí; el mismo empresario que semanas atrás utilizó su canal de televisión para trasmitir el festival de Antofagasta, con el evidente propósito de blanquear su deteriorada imagen en materia medioambiental en esa región, debido a los irreparables daños a la salud de los vecinos provocados por la existencia de un galpón de acopio y embarque de cobre, operado por su empresa Antofagasta Terminal Internacional (ATI).
Lo que está en disputa hoy en Venezuela no son dos opciones democráticas de gobierno, sino la supervivencia misma de la democracia o el aplastamiento del gobierno constitucional y la revolución bolivariana con la imposición de una dictadura que dada la profundidad del movimiento revolucionario no puede sino tener características sangrientas y prolongadas.
Es doloroso y una pérdida de tiempo el estado actual de las relaciones oficiales entre Chile, Perú y Bolivia. Países destinados a la vecindad, requieren del cumplimiento de la responsabilidad histórica por parte de sus dirigentes de buscar y encontrar caminos de integración efectiva y creciente entre ellos.
El presidente saliente del Partido Socialista Osvaldo Andrade ha abandonado su previo silencio durante el desarrollo del caso Dávalos (o Compagnon o Caval o Dávalos-Compagnon o Nueragate, según la intención y estado de ánimo de nuestros comunicadores más insignes), con declaraciones cada vez más voluntaristas y desafortunadas.
La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por los secuestros calificados de José Flores Araya y Rodolfo González Pérez, detenidos el 23 de julio y 23 de agosto de 1974, respectiva mente, proceso que investigó en primera instancia el ministro en visita Alejandro Solís.