
¿Es válido que estudiantes secundarios, con su toma de colegios, amenacen el desarrollo de una elección primaria? Sí, es válido. Cuando las demandas sociales chocan con un muro constitucional ilegítimo, hecho a sangre y fuego por la dictadura más sanguinaria de Latinoamérica. Cuando la gradualidad de la social democracia no logra en 20 años, persuadir a la derecha ni a la democracia cristiana en el parlamento para cambiar una constitución ilegítima y termina firmando su parche reformista.




El duopolio es un verdadero fraude: sus integrantes usan al Parlamento como su parcela privada y, sin ningún respecto por los ciudadanos, esta institución aprueba leyes en un mínimo plazo cuando les conviene; antes las despacharon para permitir la inscripción de la Democracia Cristiana, ante un error de sus dirigentes – si esto no hubiese ocurrido, habrían quedado fuera de esa elección – lo cual hubiera sido muy sano y bueno como lección. Posteriormente aprobaron, de la noche a la mañana, una ley “antidíscolos” para evitar que los militantes honestos abandonaran las mafias partidarias.
El atentado que sufriera Esteban Navarro Quinchevil la madrugada del domingo en un sector poblacional de Peñalolén, nos trae a la memoria de inmediato el bullado y estremecedor caso de Daniel Zamudio (que inspirara incluso una ley, actualmente en trámite en el Congreso), ocurrido a fines de marzo de 2012. Otra vez, un joven homosexual, pobre, mapuche (triplemente discriminado) es brutalmente agredido por otros jóvenes, también pobres, en una zona marginal de Santiago, dejándolo en extrema gravedad. ¿Motivo? Su condición sexual. Las distintas versiones sobre el hecho concuerdan en que ése habría sido el móvil.


Antiguamente, en Brasil, en una Asamblea Constituyente pos-dictadura se discutió sobre todos los temas que implicaban una verdadera refundación del país: se plebiscitó, incluso, si el país regresaba a la monarquía o si se mantenía como república, así como si el régimen de gobierno debía ser parlamentario o presidencial. En ese entonces, la población se pronunció por una república federal presidencialista. A diferencia de la pétrea y conservadora Constitución chilena, aprobada durante una dictadura, y reencauchada por el entreguista gobierno de Ricardo Lagos, en Brasil la Constitución permite el plebiscito vinculante que, en el caso del conflicto actual, adquiriría características refundacionales.