Archivo periodístico 2005–2019
No soy economista, ni ingeniero, ni contador auditor, ni experto en macroeconomía. Ni siquiera me considero un buen administrador de la microeconomía casera. Sin embargo me aventuro a opinar sobre la tan bullada reforma tributaria ofrecida por la Nueva Mayoría, desde el sentido común y la información procesada en mi calidad de busquilla internauta. Ahí le entro mis cabrones.
Teniéndose en cuenta que Chile es un paraíso fiscal para los grandes grupos económicos, incluyendo a sus colaboradores principales, lo que ocasiona una desigualdad brutal en la distribución de los ingresos, el gobierno entrante ha anunciado una necesaria reforma tributaria y en este ámbito cabe la polémica expresión retroexcavadora porque sus técnicos de alto nivel saben muy bien que en Chile, a través de escandalosas evasiones e ingeniosas elusiones, los más poderosos actores de los distintos mercados, sobre todo del inmobiliario y financiero, han disfrutado siempre de injustificadas franquicias, subsidios y otras granjerías, tolerándose la existencia de figuras jurídicas tramposas (empresas de papel), todo lo cual les ha permitido a ellos en la práctica pagar minúsculos impuestos que no se condicen con sus ingresos.
Hay indicios suficientes para pensar que hemos alcanzado el punto de inflexión y avanzamos, si es que así se avanza, en reversa. No sólo por la señal que surge tras el despertar estudiantil desde hace más de un lustro, que iluminó las conciencias de extensos grupos menoscabados de la sociedad civil, sino por las alarmas que inquietan desde la macroeconomía hasta la economía doméstica. El modelo neoliberal instalado hace más de veinte años desde Santiago a Moscú por gobiernos, corporaciones y organismos financieros, que inició su deterioro diez años más tarde, sólo se mantiene por inercia, con un escaso movimiento que no logra esconder su carencia de rumbo ni su creciente entropía.
Mientras el ala más extrema de la oposición, apoyada por Estados Unidos y por la derecha colombiana, quiere derrotar en las calles y con el terrorismo y la violencia al gobierno constitucional elegido democráticamente, es absolutamente correcto luchar por la paz social y hacer para ello algunas concesiones a esa parte de la derecha que, en estos momentos, no opta por un golpe o por la guerra civil porque espera desgastar y dividir a los militares que apoyan al gobierno de Nicolás Maduro y aislar a ese gobierno, erosionando por cansancio su base popular. Pero el problema reside en qué tipo de paz se quiere, en cuáles y cuántas serán las concesiones y en quién, al fin de cuentas, pagará los costos de la pacificación.
Las voces de la discordia se alzan contra Pilar Urbano. Tienen derecho, por supuesto, aunque algunas se nota que son interesadas, demasiado interesadas, como la de Felipe González, es un poner.
En su artículo del pasado 2 de abril en el New York Times, el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señalaba que “el gobierno de los Estados Unidos apoyó el golpe de Estado (en su país) en 2002 y reconoció al gobierno de facto, a pesar de su carácter antidemocrático”. Maduro también condena que la administración Obama esté destinando cinco millones de dólares anuales para dar apoyo a movimientos opositores en Venezuela, además de una petición de quince millones más que está ahora depositada en el Congreso estadounidense, junto con propuestas de imponer sanciones a su nación.
Por esta vez he dado vuelta el objetivo de mi instrumento observador para enfocarlo sobre el país en el que vivo, esto a la luz de significativas elecciones que tienen lugar este lunes 7 de abril en la provincia de Quebec, las que han revivido el viejo tema de un posible referéndum cuya finalidad sería la separación de Quebec de Canadá.
El gobierno envió al Congreso el proyecto de reforma tributaria, piedra angular de la prometida reforma educacional pero que también servirá para apuntalar otras áreas y balancear las cuentas públicas, hoy deficitarias. El proyecto fue presentado en público por la presidenta Bachelet a menos de un mes de su regreso a La Moneda y en el marco de un favorable clima político para su gestión. La recaudación de 8.200 millones de dólares adicionales para el Fisco -en tramos escalonados de siete años-, cuenta con los votos necesarios, de la Nueva Mayoría, para su aprobación. Sin embargo, es probable que se le hagan modificaciones. Figuras de peso de la Democracia Cristiana vienen advirtiendo que sufrirá cambios en la discusión parlamentaria. Además, hay un compromiso explícito de no pasar la aplanadora de esa mayoría -y mucho menos la retroexcavadora-.
Ignacio Walker llamó a los altos personeros y personeras del gobierno de Michelle Bachelet para sostener conversaciones en sigilo. Bilaterales privadas del jefe de la DC con Ministros y Ministras. Un hecho algo inusual. No se sabe que hayan operado así otros presidentes de partidos del oficialismo.
Desde la Guerra de los Siete Años (1756 –1763) el Imperio Británico expandió sin rivales su control político y su comercio por todos los rincones del mundo. Por esa época sucedió en Europa la revolución técnica que creó la base para la revolución industrial. Comenzó también la prédica de la economía liberal, de la apertura de mercados, del intercambio imperial de productos elaborados contra materias primas. Es cuando comienza el Gran Juego, el asedio británico a la masa Euro-Asiática donde avanzaba Rusia hacia la India, China y Japón. Cien años después, el control financiero británico de las antiguas colonias españolas y la repartición de África, esbozan el prototipo anglo-sajón de globalización. Su freno era la alianza entre el Imperio Ruso y el recién reconstruido Imperio Alemán.