En la historia, las élites son las últimas en darse cuenta de que el derrumbe de lo viejo y vicioso, pues viven en un mundo feliz, muy lejano del quehacer de los ciudadanos de a pie. El gobierno reacciona sobre la base de errores “no forzados” y crea, en este caso concreto, una Comisión para la Trasparencia, pero seguramente, su único objetivo es emborrachar la perdiz. A estas alturas, ya nadie osa creer en los insignes intelectuales que la integran, pues de sus cabezas pueden salir ideas brillantes, pero no tiene ninguna idea sobre las vivencias de la gente común, abusada constantemente por los corruptos y, para rematar el desprestigio, uno de los integrantes de dicha Comisión es Olga Feliú, ex senadora designada e íntima colaboradora de Pinochet y, para rematar, protectora de la Colonia Dignidad.
Según informa la prensa, personal policial (carabineros) allanó anoche el Palacio Presidencial de La Moneda en busca de computadores de Sebastián Dàvalos, hijo de la presidenta, en el marco de una investigación judicial por el delito común de tráfico de influencias.
Según el diputado René Safirio, el pánico cunde entre los parlamentarios a la espera de que se abra el caso Soquimich de las boletas fraudulentas para financiar las campañas políticas. En este caso el número de involucrados sería muy superior al del caso Penta, agregando a miembros de la Nueva Mayoría, teniendo – según algunos analistas – un efecto letal sobre el sistema político-empresarial.
El gigantesco incendio del sábado 12 de abril de 2014 que arrasó barrios enteros en algunos de los cerros más pobres de Valparaíso y, sobre todo, sus terribles consecuencias para la población más desvalida, tiene como causas estructurales la pobreza, la gigantesca desigualdad social imperante en Chile, el capitalismo dependiente, el modelo neoliberal y el desinterés real de quienes han gobernado el país durante las últimas cuatro décadas por disminuir la desigualdad social y por adoptar medidas eficaces que reviertan la profunda decadencia en que se encuentra el otrora principal puerto del país.
El juez Juan Manuel Escobar, a cargo de la formalización de los implicados en el caso Penta, recalcaba la baja penalidad que tienen los delitos de cohecho y soborno en el Código Penal chileno, sobre todo si se recurre a la legislación comparada. A mi modo de ver, es comprensible, pues para nuestra plutocracia en el poder, que también es la que legisla, el cohecho “no vendría a ser un delito, sino una virtud”, en el sentido de constituirse en un correctivo de los males inherentes al sistema político. (Según mi padre, su profesor de derecho constitucional, Víctor Delpiano, enseñaba que el cohecho es un correctivo del sufragio universal, que conducía a la dictadura de la plebe).
Más allá de las