Cuando ya han transcurrido 10 años desde el inicio de la crisis financiera global conocida como crisis de las “hipotecas subprime”, y casi 7 años desde las propuestas de reforma de la regulación bancaria del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, publicadas en diciembre de 2010 y conocidas como “Basilea III”, después de muchas postergaciones el gobierno envío a la Cámara de Diputados un proyecto de Nueva Ley General de Bancos.
Alberto Rodríguez, vicepresidente del directorio de Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, expresó su preocupación ante el supuesto anuncio sobre el cierre en septiembre del penal de Punta Peuco. “ A nosotros como organizaciones vinculadas a la verdad, la justicia y la memoria nos preocupa si este aviso tiene o no que ver, al mismo tiempo, con la liberación por motivos de avanza edad de los prisioneros que ahí se encuentran recluidos”.
Con el propósito de que 250 personas privadas de libertad que están habilitadas para votar puedan ejercer este derecho en las próximas elecciones de noviembre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) está presentando en tribunales de justicia en doce regiones de Chile recursos de protección en contra del Servicio Electoral (Servel) y de Gendarmería.
Habiendo sufrido el golpe en Chile con 21 años, y la dictadura cívica militar fascista, lo primero que pienso al ver a la distancia a Venezuela, para resumir, es aquel poema de Vallejo donde pide ¡Otro poco de calma camarada!
En el marco de la conmemoración de los 20 años de la apertura del Parque por la Paz Villa Grimaldi y como primer sitio de memoria recuperado en Chile y en América Latina, hemos desarrollado diversas actividades conmemorativas y estamos organizando un seminario internacional que hemos titulado “Crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado ¿Existen garantías de no repetición?”, el cual se efectuará los días 1 y 2 de septiembre.
Rechazamos terminantemente que el gobierno de Michelle Bachelet conducido por el canciller Heraldo Munoz haya firmado la declaración de cancilleres injerencista y agresiva en contra la soberanía de Venezuela, contra su gobierno y su Asamblea Nacional Constituyente.
Un primer paso para limitar los privilegios del sector minero sobre los recursos hídricos aprobó la semana pasada la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, en el marco de la reforma al Código de Aguas que se encuentra en su segundo trámite constitucional. Los senadores acordaron restringir el alcance de las “aguas halladas”, figura que en la legislación vigente permite a las empresas utilizar de facto y sin supervisión todos los caudales que afloren en sus faenas de exploración y explotación.
Después del 26 de julio de 1959, los jóvenes del mundo pensaron que tenían el futuro en sus manos, que después del ejemplo de un grupo de valientes cubanos que habían derrotado a una dictadura cruel, podrían triunfar contra la injusticia social solo con el acto de levantarse en armas. No importaba si eran pocos o débiles, bastaba con ser puros, confiar en que la nueva sociedad traería consigo al hombre nuevo y ser realistas pidiendo lo imposible.
En memoria del periodista argentino Héctor Ernesto Demarchi, detenido desaparecido el 5 de agosto de 1976 por esbirros de la dictadura cívico militar argentina encabezada en sus inicios por Jorge Rafael Videla, el sábado 5 de agosto se colocó una baldosa en el micro centro de Buenos Aires, justo donde fue visto por última vez, en el mismo lugar donde fue secuestrado e introducido en un camión de valores, sin que hasta hoy se conozca su destino final ni que hicieron con su cuerpo.
Existe un riesgo alto que un problema de política nacional se resuelva con una intervención militar y que esta pueda gatillar un problema internacional en Sudamérica. Venezuela está en el centro del tablero, con un problema político de representación y legitimidad, una crisis económica y un intervencionismo encubierto. Está sometida, al mismo tiempo, a los intereses económicos y planes geopolíticos de las tres potencias globales: EEUU, China y Rusia. El geográficamente extraño ingreso de Colombia a la OTAN fue concluido el 18 de mayo del 2017 tras acordar el desarrollo de un programa individual de cooperación y establecer áreas prioritarias de trabajo. El escenario de conflicto no podría ser peor, ni para Venezuela ni para Sudamérica.