La minería de oro se ha convertido en un flagelo que azota muchos países de América Latina. En algunos sitios operan unas pocas transnacionales gigantes, pero en otras zonas se agolpan cientos a miles de personas, hurgando en los ríos de las selvas o entrañas de las montañas por unos gramos de oro. Mientras que las grandes corporaciones insisten en contar con tecnologías de punta, servir al crecimiento económico y bridar empleo, la minería a pequeña escala, informal o ilegal, está bajo la sombra de la contaminación, la violencia y la pobreza.
Es necesaria una moratoria minera
Supongo que habrán leído informaciones sobre Suráfrica a propósito de sus elecciones parlamentarias. Se deslizaban hechos desconocidos como, por ejemplo, que hoy existe más desigualdad, más corrupción y desempleo (24%) que hace 20 años. Entonces, 20% de la población estaba desempleada, hoy es 25%. 80% de las tierras está en manos de los blancos, pese a que 80% de la población es negra. En general, las condiciones de vida de la mayoría son peores de las que tenían al terminar la segregación y ser electo Nelson Mandela como su primer Presidente negro.
Si existen personas en Chile a quienes se le debería aplicar la Ley Antiterrorista, es a los empresarios y choferes del Transantiago. Y no sólo aplicarles la Ley Antiterrorista, sino que también la Ley del Talión, el Código de Hamurabi y las Leyes Hititas, entre otras. 
El gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) declaró su guerra al narcotráfico, que aún no termina y le ha costado al país más de 100 mil muertos. Su sucesor, Enrique Peña Nieto la ha proseguido sin modificarla, pero la guerra que a él de veras le interesa no es esa. Es la ofensiva múltiple que ha desatado por los beneficios de unos cuantos y en contra de los derechos de todos. 
Los mecanismos de Participación Ciudadana que se han desarrollado en los últimos años a nivel institucional, han tenido en los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC), un claro ejemplo de la debilidad de esto cuerpos colegiados para avanzar en el logro de la misión para la que fueron creados y de su restringida capacidad para concretar sus objetivos.
La victoria electoral del panameñista Juan C. Varela fue, sin duda, el hecho más importante del torneo celebrado en Panamá. La derrota del candidato oficial, José Domingo Arias, fue recibida con alivio, especialmente por sectores del gran capital panameño. No tanto por lo que representaba el aspirante sino por lo que consideraban un intento del presidente saliente, Ricardo Martinelli, para quedarse en el poder. A su vez, Juan C. Navarro llevó su nave partidista – el Partido Revolucionario Democrático (PRD) – a una estrepitosa derrota, inesperada por los observadores políticos.
¿Cambios estructurales? No, moderadas reformas. Cambiar de sopetón la línea editorial que desde hace 190 años determina la cultura de este país, sería simplemente una locura. Una locura pretender hacer de día nuestro peso de la noche autoritario, conservador y mercantilista legado por Diego Portales. Esa mirada de vida oportunista en el negocio y celosa del otro. Esa que nos diera sentido de nación; castigadora del chúcaro, del que se sale de la raya, del que busca igualdad, pero sumisa hacia el que habla con voz de patrón y ostenta mandato.
El sector terrorista de la ultraderecha radicada en Miami continúa sin aceptar el escenario que se produce en el contexto político, económico y social de Estados Unidos respecto a la nación cubana, caracterizado por un crecimiento de quienes abogan por un cambio en la política de Washington hacia Cuba y promueven el acercamiento entre las dos naciones. Esta tendencia al cambio es más evidente en la comunidad cubana asentada en La Florida, como demuestra un estudio del