
La Presidente Bachelet habla de Seguridad Ciudadana y –lamentablemente– se hace patente su ignorancia sobre el tema o su concepción absolutamente ajena a los principios que enmarcan la justicia social. Estos últimos debiesen ser el guía para la acción de quienes acceden al gobierno con el respaldo de amplios sectores de la ciudadanía, muchos de ellos pertenecientes a segmentos de la población que mal viven en condiciones no solo inseguras sino sobre todo injustas.



La campaña del bloque político empresarial y mediático opositor a las medidas programáticas de la Nueva Mayoría hizo mella en el Ejecutivo. El común denominador de las medidas presentadas en el discurso del 21 de mayo por la Presidenta es la baja intensidad de las reformas con respecto a la profundidad de las demandas sociales planteadas y a las expectativas generadas. El objetivo: no provocar problemas con los sectores empresariales y derechistas; mantenerse en el plano de aquello que llaman gobernabilidad.
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El Contralor Ramiro Mendoza en su cuenta pública del 26 de mayo pasado fustigó al poder ejecutivo, estando presente en tal acto la presidenta Michelle Bachelet, en razón a que había detectado varias “contradicciones legales” que imposibilitan la labor fiscalizadora de su institución pública. Dio a conocer unos cuantos ejemplos demostrativos de su justificada crítica, haciendo un paralelo con lo que sucedía en la época de la intromisión militar en la conducción política del país.


