Archivo periodístico 2005–2019
Hoy, a las múltiples crisis del mundo industrial se agrega otra. Se trata del acta de defunción, empíricamente sustentada, de uno de los pilares de la civilización occidental, pieza clave para la toma de decisiones colectivas en sociedades complejas y baluarte del mundo moderno: la democracia.
La muerte de Santiago Carrillo hace unas pocas semanas, la crisis financiera que desde hace meses la sacude, y las recientes expresiones de separatismo catalán, hacen de España estos días un interesante tópico de conversaciones y de comparaciones.
Desde hace años estamos diciendo que la Administración del Estado chileno, por lo menos en el ámbito de las leyes de Urbanismo y Construcciones y de Medio Ambiente, que son las que conocemos muy bien, no ha podido funcionar. Ello por cuanto, de una u otra forma, los individuos investidos de poder para fiscalizar a los actores privados que se desenvuelven en esos sectores simplemente no lo hacen y/o buscan subterfugios para, vía eufemismos interpretativos, convalidar las recurrentes malas prácticas de los anteriores.
En lo que fue el prototipo de República bananera, el Estado era acaparado por un puñado de familias o por un presidente-dictador llamado a poner orden y a representar a esa oligarquía propietaria de abolengo.
Podríamos poner, en forma invertida, el aserto de Carlos Marx de que la economía determina la política. En efecto, en la actualidad, podemos asegurar que es la política la que determina la economía.
Las arrogantes declaraciones que ha formulado Longueira lo traicionan. Surge por la difusión del video de una entrevista con fines académicos que dio el líder de la UDI a alumnos de la carrera de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso, relativa a la explotación del litio donde dijo, No estamos entregando un contrato para explotar ese yacimiento, lo que estamos haciendo es “vendiendo” Chile, porque es el Estado el que autoriza, a través de una licitación, en la medida que me paguen, un derecho a explotar“.
La semana pasada el director de Carabineros, general Gustavo González, hizo unas afirmaciones en televisión que en un país democrático le habrían costado el cargo.
Acudimos a una operación de despojo de una riqueza incalculable. Escudados en leyes permisivas, cuando no en atajos escandalosos, los poderosos de siempre se han quedado con el litio por tres chauchas y un diez.
Una “Asamblea Constituyente” es, como se ha dicho, una “solución extra institucional” Lo que no se ha dicho, sin embargo, es que la actual institucionalidad estatuye un “estado de excepción” que mantiene en cautiverio la expresión de la soberanía popular. La “Asamblea Constituyente” está fuera de los posibles de una constitución antidemocrática y, en consecuencia, no podría ser sino “extra institucional”. La dictadura de Augusto Pinochet nos ha legado una carta magna concebida y diseñada por la extrema derecha como su orden ideal para el país y de la cual no hemos salido hasta hoy.
El gobierno de Sebastián Piñera decidió, tras una licitación express, entregarle la explotación del litio a la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) a cambio de 40 millones de dólares. La ferocidad del neoliberalismo chileno queda en evidencia una vez más, que no trepida en entregarle los recursos naturales a los privados (¡y qué privados!), dañando gravemente el interés nacional.