Un foro de análisis conservador de izquierda en una universidad chilena

La izquierda con visión de pasado no crece ni sirve para enfrentar el colapso del sistema actual.

 

Participaron durante dos días un economista excandidato presidencial, profesores investigadores, entre ellos uno que años antes había afirmado en el mismo lugar que prefería la democracia burguesa nacional a la realidad cubana, y jóvenes dirigentes de agrupaciones activas.

 

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¿Qué es lo que Estados Unidos quiere de Brasil? 

La gran disputa electoral en Brasil ha vuelto a poner en el tapete los intereses de Estados Unidos en América del Sur. Aislado con el proyecto de la Alianza para el Pacífico, sus intereses han vuelto a aparecer más claramente con los dos candidatos opositores en Brasil: Marina Silva y Aécio Neves.

 

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Movimientos populares del mundo con el Papa

Calificado como un “acontecimiento sin precedentes”, con el auspicio del Papa Francisco tendrá lugar en Roma y el Vaticano, del 27 al 29 de octubre, el Encuentro Mundial de Movimientos Populares con la participación de representantes de un centenar de organizaciones y numerosos obispos de los distintos continentes para vislumbrar conjuntamente “nuevos caminos de inclusión social”.

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Crisis de legitimidad

Más del 60% de los ciudadanos chilenos, según la última encuesta MORI, demuestran un marcado grado de desafección a la clase política, a las instituciones del Estado y a la participación electoral. Así, de continuar esta crisis de legitimidad, los procesos electorales se limitarán a un sufragio del 40% del universo electoral, y los presidentes de la república tendrían, apenas, el apoyo del 25% de los inscritos en los registros electorales. Por consiguiente, debemos reconocer que carecemos de una democracia de calidad que se ha degenerado, en muchos aspectos, en una oligarquía plutocrática, caracterizada por la ausencia del concurso ciudadano, elemento protagónico de la soberanía popular.

 

 

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Penta, O’Reilly y Labbe: las tres caras de la UDI

¿Qué duda cabe? La Unión Demócrata Independiente (UDI) vive una de las mayores crisis de la última época, después de la detención del general Pinochet en Londres: hoy, sus principales referentes están siendo vapuleados por la justicia y la opinión pública.

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Portales despreciaba la Constitución

Uno de los mitos históricos más extendidos en Chile es que la República del siglo XIX se estructuró como un Estado de derecho impersonal, en que el respeto a la Constitución y las leyes pasó a ser la máxima fundamental del sistema político y social de nuestro país. Y que esto se habría debido particularmente a las concepciones inspiradas por Diego Portales. Nada más lejos de la realidad.

 

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Una colecta para pagar la fianza del “profesor de gimnasia”

El cinismo – recordemos, no es equivalente a hipocresía, sino lo contrario, pues el primero corresponde a desfachatez y, el segundo, fingimiento, disimulo, falsedad – del abogado defensor de Cristián Labbé, Cristián Espejo, “llega a un grado heroico”, como decía el historiador Francisco Antonio Encina, al sostener, ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, que su defendido sólo cumplía labores de profesor de gimnasia, asignadas por el ejército, en unas cabañas ad hoc, expropiadas por el jefe de la DINA, Manuel Contreras. Al abogado Espejo sólo le faltó decir que su defendido nunca había pisado el regimiento de Tejas Verdes, lugar donde se reclutaron muchos agentes de es temible institución.

 

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Niños a la cárcel, delincuentes a la calle: El combate del oráculo mercurial contra la  delincuencia

Improperios, y denuestos se han escuchado en contra del suscrito por parte de la clase política de vía estrecha y de los medios mediáticos mercuriales de incomunicación globalizados, por su rechazo a la ley que rebaja la responsabilidad punible de los menores de edad. El tiempo le ha dado la razón: la delincuencia infantil y juvenil ha aumentado a un nivel muy peligroso. Ni hablar de la delincuencia en general. Evidentemente, para cualquier persona consciente, honesta, la delincuencia es un fenómeno social que no se combate llenando el país de cárceles y las calles de policías, sino  luchando contra la miseria, la pobreza, la cesantía y entregando una educación pública, de calidad y gratuita para todos. En resumen, luchando contra las odiosas marginaciones sociales  en un Chile con “un derroche de espíritu en un erial de vergüenza”. Frente a esta patética realidad y el crecimiento de los movimientos sociales, la oligarquía empresarial/Sofofa y su testaferra clase política de vía angosta machacan a través del oráculo mercurial y sus  adláteres: “los extremistas radicales, los indios araucanos quieren destruir nuestro hermoso y querido país que tanto nos ha costado construir.  El gobierno no reacciona, es necesario mano dura y sacar a los militares a la calle para eso les pagamos, para velar por nuestra seguridad y cuidar de nuestra propiedad privada”. No sean desvergonzados, inmorales, el costo del Chile de los ganadores del 11/9/1973 le ha costado al Pueblo Chileno  miles de muertos, desaparecidos y torturados. Al país lo han parcelado y enajenado y entregado a la voracidad de la oligarquía empresarial SOFOFA, testaferra de  las empresas multinacionales del capitalismo globalizado / globalización del capital.

 

            En una sociedad que tiene como base la mentira generalizada, como es el proyecto político/ económico,  heredado de la dictadura de marras, que ha administrado el régimen de la concertación por ejemplo: se habla de una nueva constitución, después de  parchar, recauchar la de Pinochet de 1980. El poder judicial- con una justicia en la medida de lo posible, con una aberración jurídica, la media prescripción para  disminuir las penas a los condenados por crímenes de lesa humanidad-, donde se sigue aplicando el decreto ley de autoamnistía de la dictadura de marras que garantiza la impunidad y el punto final para los  crímenes de los agentes  del terrorismo de Estado, se acusa sin pruebas, con testigos sin rostros, a los mapuches que luchan por su tierra su libertad y sus costumbres.

            Intelectuales de la talla del Prof. Dr. Noam Chomsky, del Prof. Juan Guzmán Tapia, ex magistrado de la Corte de apelaciones de Santiago, del Catedrático Prof. Juan Guillermo Matus Valencia y el premio Nobel de Literatura José Saramago, pidieron al régimen de turno de la Concertación que mire a los mapuches, especialmente a sus hijos. Pero nadie de la clase política escucha  a la opinión pública nacional e internacional. En el marco de la patética realidad antes descrita ¿con cuál referente del Estado de Derecho se podría intercambiar opiniones científicas / jurídicas / sociales, sobre la inimputabilidad del menor?

 

 

            No se entiende que el Derecho tiene carácter retributivo, la retribución implica una sanción, a la cual presupone la imputabilidad del sujeto, el menor no es imputable en los países civilizados, luego, a éste no se le puede aplicar sanción, y como las normas que tratan de él no tienen carácter retributivo, el menor queda excluido del ámbito del Derecho.

 

            La alternativa, frente a esta doctrina, no está en aplicar hormonalmente a los menores sin más, las categorías del clásico Derecho Penal, sino en romper la conexión Derecho – retribución penal – imputabilidad, y sustituirla por la más sencilla de Justicia y consecuencia jurídica, de donde resultará la posibilidad de un Derecho al menor que no será “Penal”, pero será auténtico Derecho, porque realizará la idea de justicia, que es dar a cada cual lo suyo, y entre lo suyo, figura el Derecho del Menor, a ser corregido, reeducado, y readaptado, para formar su propia personalidad en cuanto incurre o se encuentre en una “situación irregular”, que es violación  de la ley que rige el orden concreto en que vive.

 

            El Derecho es una forma de vida social, no me refiero a la obvia afirmación de que el Derecho regula la vida de la persona en sociedad, sino que hago referencia a un sentido estricto de ésta, como aquella forma específica de la relación interhumana, que se define principalmente por la generiedad y la impersonalización. La vida social, es vida de la persona – pues otra no hay -, pero en dimensión de impersonalidad. La impersonalidad refleja y a la vez, condiciona el proceso de la socialización. Las normas del Derecho, son impersonales, impersonalizan y presuponen la impersonalización, socializan, y presuponen, a la persona ya socializada – que puede ser ciertamente antisocial -, pero que incluso, cuando lo es, tiene sus formas de socialización, pues si careciere totalmente de ella, estaríamos en presencia de un ser tan anómalo que difícilmente tendría sentido aplicarle normas jurídicas y medirle con el criterio de éstas. El Derecho, se ha dicho muchas veces, no existe en el plano de la vida personal, aunque ésta es también vida de relación y de formas de vida comunitaria, como por ejemplo, la relación amorosa. Pero en rigor, el amor no puede ser objeto de normas jurídicas, ni permisivas, no prescriptivas, ni prohibitivas, porque carecen de sentido jurídico.

            Resumiendo, Derecho es toda vida humana que puede ser medida en término de Justicia Plena, más aún esta justicia implica, por de pronto, la generalidad, la igualdad de trato, y para eso, hay que impersonalizar y comenzar por reconocer formalmente el igual valor de toda persona en su Dignidad  en cuanto persona. Pero la Justicia implica también, proporción ante todo dentro de cada caso, y para eso, hay que ver lo que éste tiene de singular, o sea, hay que personalizar. El Derecho del menor es Derecho, porque se puede realizar: individualizando, personalizando, porque de lo primero que se trata es de fomentar, de hacer posible la personalidad humana de quien aún no llegó a la adultez, y hacerla posible precisamente en su dimensión social. El Derecho del Menor, por eso, es algo de contenido más amplio y de largo alcance.

 

            El Derecho penal, para el adulto, científicamente, – el Derecho es Ciencia -, psicológicamente y moralmente, no se le puede aplicar a un menor cuya personalidad se está todavía formando, y por no haber alcanzado aún el supuesto legal de la mayoría de edad, son “menores”, más no por eso, quedan fuera del Derecho cuando realizan actos que poseen una antijuridicidad específica, los cuales tienen su consecuencia jurídica de castigo y corrección, si bien se trata de un Derecho que no es el Derecho penal común, y cuyo castigo no debe ser confundido con la “mano dura”: represión, desaparición y tortura. El “bando militar” que rebaja la responsabilidad punible a los menores, permitirá al régimen de turno, construir cárceles a lo largo del país, que en corto tiempo se abarrotarán de niños marginados y excluidos. Porque el problema de la delincuencia de niños y jóvenes, como problema social se soluciona dándole trabajo a los padres cesantes y educación pública de calidad y gratuita para los hijos. Ha hecho falta, como en muchas otras cosas, abordar este problema responsablemente, con criterio por parte del Estado de Derecho.

 

            El conocimiento científico del Derecho se desarrolla en función de la persona, y para la persona, mediante la utilización de un lenguaje claro y específico. Necesario es, así mismo, según un método sistemático para exponer los conceptos, que habrá de servir de fundamento, especialmente cuando el objetivo que se quiere alcanzar tiene que ver con el futuro de ésta: el niño. La autoridad del Poder Ejecutivo y el legislador, responsablemente no pueden permitir que los medios mediáticos mercuriales de incomunicación manipulen su trabajo y los conduzcan por ignorancia, por cobardía u oportunismo, por senderos tenebrosos que lo lleven a dictar desaguisados jurídicos como el que nos preocupa respecto a la responsabilidad punible de los menores de edad, que no resuelven en nada la esquizofrenia social reinante en el país, sino que la profundizan. Con estas aberraciones jurídicas, lo único que conseguirá la clase política será incrementar la delincuencia infantil y juvenil. El tiempo así lo ha demostrado.

 

            Al eludir el carácter retributivo de la sanción, – con la nueva ley eufemística e hipócritamente llamada de responsabilidad juvenil-, un menor de catorce años que es un niño, y por lo tanto inimputable en cualquier país civilizado, se desconoció aquella idea fundamental, la inimputabilidad,  para dejar contentos al Mercurio y su Fundación Paz Ciudadana. La paz ciudadana del mercurio es la paz de los cementerios…

 

            Modestísimo es el ingenio de justicia y la imaginación de los representantes del Poder Legislativo y Ejecutivo, que dieron vida al engendro antijurídico antes citado. Nulo es el amor que mueve las voluntades de estos señores en un supuesto afán de entrega y de servicio al Pueblo que los eligió al concretar este desacierto que sataniza más aun al niño y al joven marginado y excluido en vez de preocuparse de formular una legislación de menores de acuerdo con la época. Incoherente e inmoral, a no dudar, ha sido el modo como el concepto de delito se trasplanta de la ley penal a la norma de responsabilidad punible – catorce años -, contradictorio es el significado de la medida que en sustitución de la pena se aplica, precisamente, para eludir la sustantividad de los conceptos de corrección y de castigo, así como su real significado jurídico.

 

            La protección global de los niños y de los adolescentes, marginados y excluidos, cuya situación irregular tiene su causa principal en las contradicciones socioeconómicas de los países latinoamericanos, con la excepción de Cuba, son sólo superables con una profunda transformación de sus estructuras mismas, y el avance progresista de sus legisladores, de cuya solución requiere paralelamente el cambio como las que puso en marcha el gobierno popular del presidente Dr. Salvador Allende Gossens: “en Chile hay sólo un privilegiado: el niño”, con su política integral sobre el menor en situación irregular.

 

              Sobre la aberración jurídica antes señalada y reiteradamente denunciada, me recuerda las palabras de un educador ejemplar y médico, el Prof. Dr. Luis Bisquertt Sussarte: “ No se debe atropellar el desarrollo de la persona  en formación  ni menos subyugarle bajo la maldición de la serie “eterna” de justicia petrificada, no la someta bajo el dogal de los símbolos del predominio opresivo de las llamadas “leyes de reintegración”, sino que se debe procurar obtener cariñosamente del niño y de toda esa confusión determinada por los ruidos de la vida,  el sonido claro de sus mejores posibilidades. Piense que usted también fue niño, no lo margine, no lo excluya, no lo ignore, porque él se llama futuro”…

 

            Como colofón, reitero una vez más, que la función que debe cumplir el Derecho de menores, su auténtica función, es la de amparar y desarrollar la personalidad evolutiva del menor hasta sus últimas consecuencias. Es decir, que el Derecho del menor debe ser concebido e interpretado como el más perfecto instrumento de que dispone la sociedad civilizada para resolver el problema y dar con esto a cada menor lo que le corresponde, dentro de un orden previamente conocido – que contribuye a disipar tensiones, aportando los medios para resolver inteligente, diligente, y pacíficamente los conflictos de intereses que se producen entre los presupuestos que exigen la defensa social y la protección de los menores-, haciendo que el Derecho sea, realmente el cauce de la expresión misma de la vida social, para que en él y a través de él encuentren sus destinatarios, esa justicia social que suscita a su paso el cortejo de las más excelsas virtudes  que por íntima solidaridad necesariamente la acompañan.

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