Hace un lustro las instituciones pilares de la transición en España, la monarquía, el parlamento, la justicia y los partidos políticos tradicionales fueron puestos en la piqueta. Crecían la indignación, las protestas, las mareas de la dignidad, se arrastraba desencanto e indignación. La ciudadanía, al menos parte no desdeñable, salía a las calles y gritaba: No nos representan
. Lo más visible de una sociedad civil organizada y militante se aprestaba a decir no. Fue un no rotundo a los andares y maneras de enfrentar la crisis, cuyos resultados se visibilizaban en la pérdida de derechos, la privatización de la sanidad, la educación, el agua y los servicios municipales. La subida del IVA, la congelación salarial, la quita de prestaciones sociales y leyes represivas completan el escenario. Entre los efectos, aumento de pobreza, desigualdad y, por encima de todo, pérdida de legitimidad de un orden político desgastado. Los gobiernos de Rodríguez Zapatero y el primero de Rajoy aumentaron la indignación. Crecieron los desahucios mientras los bancos eran rescatados y las grandes fortunas gozaban de amnistía fiscal. Por otro lado, los dos grandes partidos, el PSOE y el PP, se confabulaban para hacerlo peor. Ninguno quiso asumir sus responsabilidades en la crisis. Se limitaron a negarla o bien a señalar que no se podía hacer nada. Obedecían las órdenes de la troika.
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