En teoría democrática todo poder implica responsabilidades, pero en el caso de este supra-organismo, no se aplica, pues sus miembros son irresponsables respecto de los fallos que emiten – incluso, hasta los miembros de la Corte Suprema pueden ser acusados constitucionalmente si así lo determina la mayoría de los senadores en ejercicio – los fallos del tribunal constitucional son inapelables, en consecuencia, no existe recurso alguno respecto a estos pronunciamientos pues son, en síntesis, los perros guardianes de la Constitución.
Los personajes de la élite corrupta chilena son tan ignorantes o, bien, confiados en que los “borregos“ ciudadanos, que ni siquiera los llamarán a rendir cuentas de sus abusos y sinvergüenzuras que no alcanzan a vislumbrar. Por ejemplo, en Brasil, la corrupción en la empresa Petrobras, no cortada a tiempo de raíz, está a punto del provocar el derrumbe del gobierno de Dilma Rousseff – en la actualidad tiene sólo un 13% de apoyo ciudadano, récord apenas superado por el gobierno de Fernando Collor de Mello con un 5%, destituido constitucionalmente por el Congreso de ese país, el 29 de diciembre de 1992. Así ha ocurrido con otros países casi siempre en la historia, pues los poderosos jamás han demostrado capacidad para evitar el camino errado, así sea por mero egoísmo de conservar sus privilegios. Ni siquiera, como Luis XIV, de Francia, son capaces de decir, “después de mí, el diluvio”.
Según el diputado René Safirio, el pánico cunde entre los parlamentarios a la espera de que se abra el caso Soquimich de las boletas fraudulentas para financiar las campañas políticas. En este caso el número de involucrados sería muy superior al del caso Penta, agregando a miembros de la Nueva Mayoría, teniendo – según algunos analistas – un efecto letal sobre el sistema político-empresarial.
El juez Juan Manuel Escobar, a cargo de la formalización de los implicados en el caso Penta, recalcaba la baja penalidad que tienen los delitos de cohecho y soborno en el Código Penal chileno, sobre todo si se recurre a la legislación comparada. A mi modo de ver, es comprensible, pues para nuestra plutocracia en el poder, que también es la que legisla, el cohecho “no vendría a ser un delito, sino una virtud”, en el sentido de constituirse en un correctivo de los males inherentes al sistema político. (Según mi padre, su profesor de derecho constitucional, Víctor Delpiano, enseñaba que el cohecho es un correctivo del sufragio universal, que conducía a la dictadura de la plebe).
Que el dinero sea el dueño de la política no es nuevo, pues ha ocurrido a través de la historia de Chile y del resto de los países del mundo. Quizás, lo que sí podría llamar la atención se refiere a la rapidez en que una persona de clase media, con una vida “reguleque”, bastante inculto y vulgar, se transforma, de la noche a la mañana en millonario, sólo por el hecho de haber ocupado un cargo fiscal, o bien de parlamentario. Casos emblemáticos – como el del famoso matrimonio Dávalos-Compagnon – se ven a diario en La Moneda y en el Congreso, pues están colmados de arribistas y nuevos ricos quienes, por el solo hecho de ser el predilecto servidor de los jefes de partido, ha podido integrar las filas de la mafia del enriquecimiento rápido que es, por desgracia, el espectáculo de la política de hoy.
Los dos Presidentes reelectos en el siglo XX, Arturo Alessandri y Carlos Ibáñez del Campo, lo hicieron muy mal en su segundo período: Alessandri terminó su segundo mandato con la Matanza del Seguro Obrero, de la fue directamente responsable y, Carlos Ibáñez del Campo, elegido bajo el eslogan de “la escoba” – para acabar con la corrupción de los radicales -, en su segundo período ya se encontraba un poco con demencia senil y, prácticamente, no gobernó, pero sí realizó una buena acción para aprobar la derogación de la “ley maldita” y la aprobación de la reforma electoral, por la cual se instauró la cédula único y, así, terminar con el cohecho. Todo indicaba que Michelle Bachelet iba a romper esta constante histórica, pero bastó que apareciera el pastel de su hijo, codicioso y amante de los autos de lujo, para que el segundo gobierno, tal como el de Alessandri e Ibáñez, termine en un desastre.
La ambición por el poder político es inhumana, pues a veces exige, incluso, abandonar a los más “entrañables amigos y dilectos discípulos”. Es el caso del ex Presidente Sebastián Piñera, que prefiere defender al venezolano golpista Leopoldo López, que hacerlo con sus “amigos” y colaboradores, Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín y, sobre todo, su ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner.
Los habitantes de Caimanes, pequeño poblado de 1800 personas, ubicado en la provincia del Choapa, en la IV Región, llevan 17 años luchando contra la minera de cobre Los Pelambres, de propiedad de la familia Luksic – una de las más millonarias del mundo, según la Revistas Forbes – que ha construido un tranque el Mauro cuyos relaves contaminan las aguas, que luego van a ser utilizadas por los habitantes del pueblo, tanto para el consumo domiciliario, como la agricultura. Al poder económico de este potentado se agrega el político, especialmente por la protección de los gobiernos de la Concertación y, hoy, por la Nueva Mayoría, que no ha vacilado en lanzar la fuerza pública contra desarmados pobladores de Caimanes.