Archivo periodístico 2005–2019
El ministro en visita extra ordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza Espinosa, condenó a dos miembros del Ejército en retiro y exagente de la DINA, por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado del profesor de artes musicales Gonzalo Toro Garland, detenido el 4 de abril de 1974 y de quien se pierde el rastro desde el interior del Hospital Militar de Santiago a partir el 1 de agosto de dicho año.
“Lamentamos profundamente que el señor Eduardo Bitrán, vicepresidente de Corfo no haya asistido, por tercera vez a la Comisión de Minería y Energía”, manifestó el senador Alejandro García Huidobro, presidente de la instancia parlamentaria, quien indicó que “en reiteradas oportunidades se ha invitado al personero para escuchar acerca de la política del Gobierno en materia de litio; la marcha del proceso de licitación de los depósitos del mineral y los proyectos futuros asociados a su respecto, en especial, los referidos a la agregación industrial y tecnológica de valor, y los alcances del reciente acuerdo suscrito entre la institución a su cargo y la empresa SQM.
La ministra de Bienes Nacionales, Nivia Palma, denunció y lamentó profundamente la decisión adoptada recientemente por el directorio de Cema Chile de no firmar el acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado (CDE) durante el actual gobierno, que habría permitido el traspaso al Fisco de las propiedades que se encuentran en poder de dicha entidad.
El ministro en visita extra ordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, se constituyó al interior del predio de la ex Colonia Dignidad, ubicado en la comuna de Parral, para dirigir una serie de diligencias contenidas en una querella presentada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Talca.
El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza Espinosa, condenó a tres agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Humberto Patricio Cerda Aparicio. Ilícito perpetrado a partir de febrero de 1975.
La Corte Suprema condenó a seis agentes de la Dina a penas de 15 años de presidio por el secuestro calificado de Eduardo Gustavo Aliste González, Eugenia del Carmen Martínez Hernández y Gerardo Ernesto Silva Saldívar, víctimas que fueron llevadas al cuartel secreto conocido como “Venda Sexy” o “La Discotheque”, ubicado en calle Irán 3037, esquina de Los Plátanos, en la actual comuna de Macul, entre septiembre y diciembre de 1974.
Este viernes en Limache se llevó a cabo la iniciativa “Residencias de la Memoria”, proyecto financiado por la Wold University Service (WUS) de Alemania, y que tiene como objetivo identificar residencias y lugares donde hicieron sus vidas personas que fueron víctimas de la dictadura.
En representación de la Bancada de Diputados Socialistas, la diputada Maya Fernández, que integra la Comisión de Economía de la Cámara, precisamente donde se tramitó el proyecto del nuevo SERNAC, cuestionó la resolución del TC, que deja al SERNAC “sin dientes y sin la posibilidad de defender a los consumidores ante el abuso.
El ministro en visita extra ordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó sentencia en contra de 20 exagentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), por su responsabilidad en los homicidios calificados de Lucía Orfilia Vergara Valenzuela, Arturo Vilavella Araujo y Sergio Peña Díaz, ilícitos perpetrados el 7 de septiembre de 1983, en calle Fuenteovejuna de la comuna de Las Condes.
“Si el Ejecutivo y la Presidenta Bachelet no actúan antes de irse, habrán cometido un error político de profunda envergadura”, señaló el senador Alejandro Navarro, ante la renuncia de los Fiscales de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, en desacuerdo a la salida que beneficia a Iván Moreira, quien evitará un juicio oral por recibir financiamiento electoral para su campaña, a cambio de una multa de $35 millones.