Archivo periodístico 2005–2019
La familia de Víctor Jara, asesinado entre el 15 y 16 de septiembre de 1973, hace exactamente 40 años, denunció a Pedro Barrientos Núñez, ex oficial del ejército chileno y residente en Deltona, Estados Unidos, como ejecutor de ese crimen, según informaron sus representantes legales.
Juan Carlos Chávez Pilquil , hijo de Ismael Darío Chávez Lobos, una de las 119 víctimas de la Operación Colombo, presentó una querella criminal contra el dueño de El Mercurio, Agustín Edwards Eastman, por la colaboración de su cadena de diarios en el disfraz como “enfrentamiento” de la eliminación física de su padre y, en total, 119 detenidos desaparecidos por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en 1975.
Precisamente el día que se cumplen 40 años del golpe cívico-militar y se conmemora a las víctimas del terrorismo de Estado ejercido por la dictadura, Juan Carlos Chávez Pilquil, hijo del joven actor y estudiante de derecho Ismael Darío Chávez Lobos, detenido el 26 de julio de 1974 y luego desaparecido, interpuso la primera querella criminal en contra de Agustín Edwards, dueño -entre otras empresas- de la cadena de diarios de El Mercurio S.A.P., como autor intelectual del delito de homicidio.
Los 40 años del golpe cívico militar encuentran a Chile gobernado por una parte de los civiles que lo promovieron y en vísperas de elecciones presidenciales y parlamentarias a efectuarse el 17 de noviembre. Sorprendentemente, hay un clima muy distinto al que se vivió en los aniversarios 30º y 20º. Una suerte de destape nacional de la verdad, acicateado por el creciente interés de la gente en debatir quiénes fueron los civiles que lo promovieron, mientras crece el afán por conocer pormenores de la represión terrible a los más pobres y las políticas económicas a favor del segmento de los más ricos.
Antes: Mucho se ha hablado sobre los intentos de la derecha chilena, apoyada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, de evitar que Allende asumiera la primera magistratura de la nación. Lo más conocido es el asesinato del comandante en jefe del ejército, general René Schneider , cuyos autores se encuentran en libertad, gracias al indulto otorgado, después del golpe de Estado, por la dictadura cívico-militar.
El entonces brigadier general Juan Emilio Cheyre Espinosa adhirió a un “Acuerdo Solemne” de complicidad y obediencia al “capitán general” Augusto Pinochet renovado por 44 “brigadieres generales” el viernes 5 de enero de 1996. Los generales fueron convocados para suscribir una suerte de escritura de ese pacto por el entonces “mayor general” Guillermo Garín Aguirre, en esos días comandante en jefe subrogante del ejército por vacaciones de su jefe.
A 40 años de la tragedia de Chile y toda el agua -por no decir la sangre- que ha corrido bajo el puente, en el país se ha puesto (verdaderamente) de moda el pedir perdón. Un gesto que corre seriamente el riesgo de terminar convertido en una insufrible musaraña, dada la escasa e insoportable asimilación que ha manifestado nuestra sociedad respecto de la Revolución Chilena, de la figura de Presidente Allende y de su gobierno con la Unidad Popular (UP).
Para vergüenza nuestra, a 23 años del fin de la dictadura debemos constatar que sus frutos institucionales permanecen vigentes. En efecto, el conjunto de “modernizaciones” impuestas por el régimen pinochetista en la década de los 80 y que configuraron un nuevo Chile neoliberal no solo han resistido el paso del tiempo sino que se han consolidado como producto de nuestra “democracia”. Lo que se impuso a sangre y fuego durante 17 años fue luego legitimado pacíficamente por los 20 años de gobiernos de la Concertación.
Bernardo Leighton Guzmán, uno de los principales dirigentes históricos de la Falange Nacional y la DC, supo temprano el martes 11 de septiembre de 1973 que había comenzado el golpe. Estaba en su casa de calle Martín de Zamora y parecía ser uno de los pocos dirigentes políticos de la DC que no sabía el secreto. Ese día sería derrocado Salvador Allende y todo el poder militar y policial buscaría un resultado inmediato sin detenerse ante el derramamiento de sangre.
La marcha convocada por la Asamblea Nacional por los Derechos Humanos en conmemoración de los 40 años del golpe de Estado adquirió un carácter inusitadamente masivo, algo que los dirigentes atribuyen al clima que se ha generado a cuatro décadas del quiebre institucional.