Archivo periodístico 2005–2019
Santiago era una ciudad herida y asustada, capital de una nación ocupada por su propio ejército. Las tropas patrullaban constantemente y cada noche los camiones militares sacaban a centenares de detenidos en ‘las poblaciones’, los barrios obreros. El estadio nacional estaba abarrotado de presos políticos.
Una de las simplificaciones acerca del golpe de estado en Chile (11/9/73) – del que conmemoramos los 40 años – es que Salvador Allende y su gobierno fueron derrocados por los Estados Unidos.
Una reacción positiva, pero cautelosa, generó en distintas organizaciones el anuncio del Presidente Sebastián Piñera de solicitar un informe detallado a la ministra de Justicia, Patricia Pérez, para conocer la realidad de los recintos carcelarios especiales creados por los gobiernos de Eduardo Frei y Ricardo Lagos para violadores de Derechos Humanos y la factibilidad de cerrarlos.
La senadora del PS, Isabel Allende, recogió las palabras expresadas por el Presidente Sebastián Piñera respecto a que estaba evaluando si se justificaba mantener los penales Cordillera y Punta Peuco, lugares donde se encuentran recluidos militares de alto rango acusados de violaciones a los derechos humanos tras el Golpe de Estado de 1973.
El cálculo se obtiene al dividir el presupuesto anual de una cárcel por el total de internos recluidos en ella, y se refiere exclusivamente a la gestión del penal. Es decir, sin contar la inversión inicial en la infraestructura. Así se obtiene que el Centro de Cumplimiento Penitenciario Cordillera (en Peñalolén), donde hay 10 ex uniformados condenados por crímenes de lesa humanidad, el fisco gasta 49 millones 835 mil 393 pesos anuales, lo que significa que por cada interno se invierte 4 millones 983 mil 539 pesos.
El candidato ecologista a Senador por Santiago Oriente, Luis Mariano Rendón, acompañado por la candidata a diputada por San Miguel, Lo Espejo y Pedro Aguirre Cerda, Nancy Orellana, presentaron hoy una denuncia por violación a la Ley de Elecciones.
Indignación causó, en medio de la conmemoración de los 40 años del Golpe Militar, la publicación de entrevistas a Manuel Contreras, ex general director de la DINA, uno de los principales organismos de tortura y exterminio durante la dictadura. Desde el penal Cordillera, el uniformado amenazó que no moriría en la cárcel, término que ha sido cuestionado al evaluar su cautiverio.
Existen actividades y profesiones que involucran por definición el servicio a las personas. Las llamadas “disciplinas humanistas” y “sociales” suponen la vocación de ayuda y búsqueda del bienestar tanto individual como colectivo. En tal sentido, el irrestricto apego a las normas éticas como principio fundamental del ejercicio profesional se presenta como un imperativo ineludible. Desde esta lógica, diferentes colegios profesionales han elaborado códigos de ética que recogen esta necesidad de regulación y que orientan cualquier actuación.
El Ministro de la Corte de Apelaciones de Valdivia Juan Ignacio Correa decretó la citación en calidad de inculpado del conocido periodista de esa ciudad y presidente de Renovación Nacional de la Región de los Ríos Eduardo Hunter Abarzúa quien es además concejal en Panguipulli y el hombre de confianza en la zona del senador y presidente nacional de RN Carlos Larraín.