
El ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago para causas por violación a los derechos humanos, Mario Carroza, dictó sentencia de primera instancia en la investigación por el homicidio calificado del menor de 15 años Orlando Ponce Quezada, ejecutado en octubre de 1973, en los faldeos del cerro Colorado de la comuna de Renca.

Hasta el total despacho de la iniciativa, sesionará este viernes la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que analiza las modificaciones del Senado al proyecto que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado.
El senado despachó la reforma escolar en los aspectos que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado, a los que sancionará en caso de hacer mal uso de esos aportes, con una multa. La propuesta depenas de cárcel quedó descartada.

El ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago para causas por violaciones a los derechos humanos, Leopoldo Llanos Sagristá, dictó ampliación del auto de procesamiento en la investigación que sustancia por los secuestros calificados María Inés Alvarado Borgel y Martín Elgueta Pinto, ingresados el 15 y 17 de julio de 1974, respectivamente, al centro de detención clandestino de “Londres 38”.
A más de 41 años del golpe de Estado de la Fuerzas Armadas chilenas, las víctimas de la dictadura cívico-militar se movilizan de manera resuelta y decidida para exigir justicia, verdad, reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada en conformidad a las disposiciones internacionales en la materia de Derechos Humanos. Una gran parte de ellas tienen, hoy, 65 años.
Nuevos documentos comprueban que el presidente de la UDI, diputado Ernesto Silva, tenía acciones de la isapre Bandémica, del grupo Penta, en el momento de una votación clave sobre este sector de la salud privada. Correos electrónicos entre Silva y Carlos Eugenio Lavín lo comprometen. La factura que el presidente de la UDI mostró por la venta de sus acciones prueban que mientras se tramitó la iniciativa todavía tenía participación en ella y no se inhabilitó.