
“El estudio sobre alternativas de protección jurídico-normativa y de otra índole para semillas y prácticas tradicionales relacionadas con la agricultura, dado a conocer esta semana por ODEPA (Oficina de Planificación Agraria) y realizado por docentes de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile junto a otros académicos, es una propuesta funcional a la reactivación del proyecto de Ley Monsanto (Ley de Obtentores Vegetales). No aborda el convenio UPOV 91, la principal amenaza legal que se cierne sobre la semilla, la agricultura familiar campesina y la biodiversidad”, afirma María Elena Rozas, coordinadora nacional de RAP-Chile, organización miembro de la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile. Lucía Sepúlveda, encargada del área de semillas de la organización agrega: “No vamos a legitimar ningún truco del gobierno que esté orientado a ocultar o maquillar los verdaderos objetivos de la Ley de Obtentores Vegetales. Seguiremos adelante con la campaña de defensa de la semilla campesina e indígena, junto a todos los consumidores que buscan contar con alimentos sanos y quieren alimentar a sus familias con alimentos libres de transgénicos, patentes y plaguicidas.”
El sindicato de trabajadores de la Universidad Arcis, expresó a través de un comunicado su profundo malestar e inquietud frente a un nuevo incumplimiento de pago de remuneraciones a trabajadores. En la declaración señalan que la dirección de la universidad -encabezada por Elisa Neumann- se comprometió públicamente a pagar los salarios de trabajadores el día 15 de enero 2015 (deuda octubre y noviembre 2014) y el 15 de febrero 2015 (deuda diciembre 2014, enero 2015 y cotizaciones previsionales de todo el período). 


Duras expresiones tuvo el presidente del Socialismo Allendista, Esteban Silva, ante la nueva alza de los valores del Metro y el sistema interconectado de transporte público de pasajeros Transantiago.
A través de su presidente, arquitecto y académico Usach Jonás Figueroa, la Asociación Chilena de Urbanistas expresa su absoluta oposición a la posible demolición del Colegio Las Américas, recientemente vendido por el Club de la República a unos particulares, asunto que se describe en
El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, dictó sentencia definitiva en contra de los funcionarios en retiro de Carabineros: René Segundo Illesca González y Máximo Arturo Venegas Véjar, como autores del delito homicidio calificado de Segundo Cayul Tranamil, ilícito perpetrado en la comuna de Carahue, el 3 de junio de 1974.
La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencia que condenó a la Congregación Legionarios de Cristo a reparar el daño ambiental provocado por el acopio de materiales de demolición en el denominado Cerro del Medio, ubicado en la comuna de Lo Barnechea.