Un movimiento cívico sin precedentes, con autonomía de los partidos, volverá, por tercer año consecutivo, a plantear una vía democrática para la independencia de Cataluña. Al día siguiente habrá que auscultar sus efectos en el gobierno y partidos catalanistas, mientras en Madrid, el bipartidismo -populares y socialistas- continuará mirando por debajo del hombro a una mayoría social y política que quiere ir a las urnas.
El 11, una demostración de fuerzas…
El 11 de septiembre, Barcelona será el escenario de una gran manifestación de carácter soberanista. Cerca de medio millón de personas (485 mil) ya están inscritas para ocupar tramos asignados de las dos más grandes avenidas de la ciudad. La Asamblea Nacional Catalana, ANC, (51.000 miembros), junto a Omnium Cultural (42.438 socios), espera reunir 1,5 millones de personas, las que dibujaran una V de victoria.
La ANC, la plataforma cívica, con 51 mil miembros en territorio catalán, que reunió en 2012 a cerca de un millón de personas en Barcelona y el 2013 a más de un millón en una cadena humana de 400 kilómetros, se propone dar el último envión al gobierno catalán y los partidos soberanistas para que realicen la consulta que el Presidente Artur Mas convocará para el 9 de noviembre (9N).
…como en 2013 y 2012
Tras la manifestación de 2012, la ANC consiguió que el gobierno de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), liberal-demócrata y Unión Democrática de Cataluña (UDC), democratacristiano, se decidiera a iniciar un proceso político soberanista, que los catalanes eligieran en las urnas si seguir o no formando parte del Estado español.
Tras la manifestación de 2013, la ANC comprometió a que los seis partidos suscriptores del proceso, que representan el 64,4% del Parlamento catalán, acordaran una pregunta y una fecha para la consulta: ¿Quiere que Cataluña sea un Estado (sí o no), y qué éste sea independiente (sí o no)?, interrogantes que esperan ser respondidos por lo catalanes el 9N.
A 300 años, qué será de Cataluña
Ahora, el 2014, cuando se conmemoran los 300 años (un 11 de septiembre) de la ocupación de Barcelona por las tropas borbónicas y la disolución de las instituciones catalanas, la ANC pretende reafirmar y fortalecer la decisión política de la consulta del 9N contra viento y marea, a pesar de la impugnación declarada por el gobierno de España (PP) apoyado por los socialistas (PSOE).
La incertidumbre se abre dramáticamente. La tercera semana de septiembre el parlamento catalán aprobará la ley de consultas y el Presidente Artur Mas convocará el referéndum. El gobierno español lo impugnará ante el Tribunal Constitucional (con mayoría de juristas designados por el PP y el PSOE), el mismo que en el 2010 anuló parte esenciales del Estatuto catalán aprobado en un referéndum.
Las debilidades de uno y otro
Y entonces, ¿de qué depende que la consulta se haga? Para el Estado, cuestionada la convocatoria, no se podría hacer legalmente, pero el gobierno catalán declara que la legalidad catalana le autorizaría poner las urnas el 9N. Sin embargo, lo que resolverá en última instancia el que se haga o no serán las fuerzas políticas de uno y otro.
La debilidad del Estado es que en Cataluña está en franca minoría y sin una fuerza política que le permita condicionar y neutralizar a las fuerzas soberanistas, pero la debilidad de los soberanistas catalanes está en una unidad institucional y política en el fondo frágil.
El movimiento cívico es fuerte, pero no suficiente
Ni en los ayuntamientos, ni en los partidos soberanistas y ni siquiera en el gobierno muestran una cohesión suficiente para encarar la decisión del Estado español. Sólo la una transversal y distribuida trama de sociedad civil, con más de medio millar de asambleas territoriales, sectoriales y en el extranjero, muestra una vitalidad notable, que seguro demostrará este 11 de septiembre.
La ANC en 2012 precipitó al gobierno de derecha catalana hacia el proceso soberanista; en 2013 empujó a los 6 partidos políticos (de derechas e izquierdas, independentistas y no independentista) a acordar una pregunta y una fecha para la consulta, y ahora, ¿será posible que en este mítico 2014, para los catalanistas, logre que el gobierno de Mas haga la consulta impugnada legalmente por el gobierno español?