Molina / Los funcionarios de la Inspección Comunal del Trabajo de Molina manifestaron su profunda molestia por la perturbación a su labor y los malos tratos que han sufrido de parte de la alcaldesa Mirtha Segura, de su personal y de los medios de comunicación comunales y regionales. Desde hace un mes, personal municipal y la propia alcaldesa han irrumpido en las dependencias de la Inspección con el afán de poner en marcha un plan que busca expulsar a la Dirección del Trabajo del inmueble que ocupa conforme a un comodato suscrito con la anterior autoridad edilicia.
Funcionarios manifiestan inquietud por la falta de orientación oportuna y resguardo de la labor institucional de parte de Joaquín Torres, Director Regional. En febrero se le comunicó lo que estaba sucediendo, “sin que la autoridad señalara qué hacer ni cómo defenderse de las nuevas interrupciones al uso del inmueble”.
La campaña en contra de la Inspección, cuyo punto cúlmine ha sido la fiscalización del Hogar El Buen Samaritano por no pago de horas extraordinarias, estaría siendo articulada por la propia alcaldesa, molesta por sanciones laborales impuestas a personas y empresarios cercanos a su entorno. Los fiscalizadores han sido víctimas de acusaciones injustas e infundadas difundidas por la prensa local. Los dirigentes de la Asociación Nacional de Funcionarios del Trabajo de Chile (ANFUNTCH) demandan de la autoridad regional “presencia pública” en los medios y contrarrestar la “campaña de desprestigio”, además de un “necesario y oportuno respaldo a los funcionarios”, ya que advierten una gran ausencia en éstos ámbitos de la máxima autoridad regional del Trabajo.
El año pasado la ICT habría multado a familiares y cercanos a la nueva alcaldesa y ésta hoy se estaría “desquitando”, exigiendo el inmueble y desarrollando, además, una campaña comunicacional en contra de la labor de los funcionarios del Trabajo que lideraría el Diario La Prensa -que también habría sido multado-.
El Hogar El Buen Samaritano fue fiscalizado y sancionado por violar la normativa laboral. Las monjas que lo administran desde hace treinta años alegan “no saber de leyes” y tener un “fin benéfico”, queriendo plantearse por esto al margen de la ley. Pero, tanto fiscalizadores como funcionarios e inspector provincial han actuado con absoluto apego a la ley y procedimientos.
“Los funcionarios nos relataron que la semana pasada se hizo presente en sus oficinas de la ICT la autoridad comunal y, posteriormente, dos personas procedieron a tomar medidas en todas las oficinas. El día 13 de marzo, la autoridad edilicia emitió una declaración a través de un canal de televisión comunal señalando que en el recinto donde hoy funciona la Inspección se instalará a Investigaciones de Chile. De manera extraoficial los funcionarios se han enterado que la alcaldesa ya resolvió sacar de este lugar a la Inspección. Esta situación les tiene obviamente preocupados, considerando además que no han sido informados por el Director Regional. Se sienten abandonados a su suerte, contando solamente con el respaldo del jefe del servicio”, dice Orietta Fuenzalida, Presidenta Nacional de ANFUNTCH.
Durante todo el mes de marzo, a raíz de las fiscalizaciones y multas cursadas en el Hogar, radios y periódicos regionales y comunales han emitido juicios infundados en contra de quienes laboran en la Inspección comunal y que afectan profundamente la honra y calidad funcionaria. El Hogar no es la única institución ligada a la Iglesia Católica que viola la ley laboral: el Hogar de Cristo, María Ayuda, la Fundación Las Rosas, el Fondo Esperanza y las propias Vicarías han afrontado, en más de una oportunidad, denuncias e incluso huelgas de sus trabajadores.
Las infracciones en el Hogar fueron corregidas “sin multas”. El Subdirector Nacional del Trabajo, Pedro Julio Martínez, afirmó que “se mandaron instrucciones al Hogar para que cumpliera debidamente con la ley y no hubo multa para esta institución, así que en ese caso hay que desmentir que haya habido sanción a este Hogar. En Chile se debe cumplir con la ley y a la Dirección del Trabajo se le ha mandatado para hacer cumplir la ley, donde nosotros simplemente hemos cumplido con nuestro trabajo al acudir a una fiscalización que por lo demás, se debió a una denuncia de los propios trabajadores de esa institución”, dijo. La Prensa informó profusamente de lo que calificó como un “descriterio”: Es decir, los controles, exigencias y multas de la Inspección del Trabajo.
Según ese diario, el senador Nelson Ávila consideró “indignante” lo ocurrido con la obra, condenando “la falta de criterio respecto a las labores de control de parte de la Inspección, situación que lo motivó a comunicarse en forma directa con la Ministra del Trabajo”. Por su parte, el senador Juan Antonio Coloma dijo: “A todos nos interesa que los trabajadores estén protegidos de los abusos, pero insisto también se puede aplicar el criterio, especialmente cuando no hay situaciones de tanta gravedad”.
Para estos senadores, el no pago de sueldos, los reemplazos sin respetar la ley o los trabajadores laborando sin descanso dominical ni implementos de trabajo no serían “faltas de criterio” ni al parecer violaciones a la ley… La alcaldesa Mirtha Segura asegura que “la obra benéfica enorgullece a los molinenses”. Según La Prensa, el Hogar recibió el apoyo de concejales, de la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, del ex alcalde de Curicó y de “un grupo de profesionales de la prensa de diversos medios de comunicación”.
“Queremos seguir trabajando tranquilas por los más pobres”, dijo la Madre Irene. “El Hogar atiende a enfermos terminales, ancianos pobres y abandonados. Los controles y multas que vienen desde la Inspección del Trabajo dolor e incomodidades nos ha provocado, pues no somos una empresa comercial, ni tenemos los conocimientos administrativos para llevar todo en la forma que se exige. La legislación debiera tener consideraciones para este tipo de instituciones como la nuestra. Han sido miles de personas que hemos atendido y se han mejorado milagrosamente. Estamos al día en los sueldos y en las cotizaciones previsionales, los sueldos no son altos, son los que podemos pagar”, dice… Y ella misma reconoce que en el Hogar no se trabaja según la ley: “’Muchas veces los sueldos se atrasan y es porque no se ha juntado el dinero suficiente, pero apenas se logra, se paga’, pues es otra de las preocupaciones de la madre. Si no fuera así ¿dónde estaría más del 90 por ciento de los enfermos que en el hogar se atienden? Recordemos que no hay ninguna ayuda del Estado y si la hay es mínima”, dice La Prensa; y agrega “este grave problema de incomprensión que ha tenido que enfrentar la Congregación y la Madre Irene, se tiene que transformar en una oportunidad para que la gente de ‘buena voluntad’, amparada más en el espíritu que en las frías leyes, haga llegar su aporte generoso para que la obra siga existiendo. En este momento sólo por concepto de energía eléctrica hay una deuda que bordea los 30 millones de pesos…”.
¿Cómo es posible que una institución funcione sin respetar sus obligaciones económicas ni leyes laborales? ¿Es o no un descriterio que senadores y funcionarios del Trabajo hagan lobby para evitar que se cumpla con la ley laboral?
Según el jefe de la Inspección Molina, Mauricio Hernández, el organismo no ha cursado multas: “La fiscalización todavía está en proceso y no se han cursado multas. Sólo se hicieron indicaciones respecto a los implementos de seguridad de los trabajadores”. Al Hogar se le aplicaron sanciones hace dos años por no respetar el descanso dominical y la última denuncia fue por no pago de remuneraciones. Las fiscalizaciones que se han realizado en el Hogar tienen como origen las propias denuncias de sus trabajadores. La Inspección tiene la obligación de acudir a la empresa y verificar las denuncias. “Si recibimos una denuncia, tenemos que ir a fiscalizarla como cualquier otra empresa, independiente de que sean una obra de caridad, los procedimientos en nuestro caso son estrictos y los cien trabajadores que laboran con las hermanas del Buen Samaritano están regidos por el Código del Trabajo”, agrega Hernández.
La campaña en contra de la Inspección, cuyo punto cúlmine ha sido la fiscalización del Hogar El Buen Samaritano por no pago de horas extraordinarias, estaría siendo articulada por la propia alcaldesa, molesta por sanciones laborales impuestas a personas y empresarios cercanos a su entorno. Los fiscalizadores han sido víctimas de acusaciones injustas e infundadas difundidas por la prensa local. Los dirigentes de la Asociación Nacional de Funcionarios del Trabajo de Chile (ANFUNTCH) demandan de la autoridad regional “presencia pública” en los medios y contrarrestar la “campaña de desprestigio”, además de un “necesario y oportuno respaldo a los funcionarios”, ya que advierten una gran ausencia en éstos ámbitos de la máxima autoridad regional del Trabajo.
El año pasado la ICT habría multado a familiares y cercanos a la nueva alcaldesa y ésta hoy se estaría “desquitando”, exigiendo el inmueble y desarrollando, además, una campaña comunicacional en contra de la labor de los funcionarios del Trabajo que lideraría el Diario La Prensa -que también habría sido multado-.
El Hogar El Buen Samaritano fue fiscalizado y sancionado por violar la normativa laboral. Las monjas que lo administran desde hace treinta años alegan “no saber de leyes” y tener un “fin benéfico”, queriendo plantearse por esto al margen de la ley. Pero, tanto fiscalizadores como funcionarios e inspector provincial han actuado con absoluto apego a la ley y procedimientos.
“Los funcionarios nos relataron que la semana pasada se hizo presente en sus oficinas de la ICT la autoridad comunal y, posteriormente, dos personas procedieron a tomar medidas en todas las oficinas. El día 13 de marzo, la autoridad edilicia emitió una declaración a través de un canal de televisión comunal señalando que en el recinto donde hoy funciona la Inspección se instalará a Investigaciones de Chile. De manera extraoficial los funcionarios se han enterado que la alcaldesa ya resolvió sacar de este lugar a la Inspección. Esta situación les tiene obviamente preocupados, considerando además que no han sido informados por el Director Regional. Se sienten abandonados a su suerte, contando solamente con el respaldo del jefe del servicio”, dice Orietta Fuenzalida, Presidenta Nacional de ANFUNTCH.
Durante todo el mes de marzo, a raíz de las fiscalizaciones y multas cursadas en el Hogar, radios y periódicos regionales y comunales han emitido juicios infundados en contra de quienes laboran en la Inspección comunal y que afectan profundamente la honra y calidad funcionaria. El Hogar no es la única institución ligada a la Iglesia Católica que viola la ley laboral: el Hogar de Cristo, María Ayuda, la Fundación Las Rosas, el Fondo Esperanza y las propias Vicarías han afrontado, en más de una oportunidad, denuncias e incluso huelgas de sus trabajadores.
Las infracciones en el Hogar fueron corregidas “sin multas”. El Subdirector Nacional del Trabajo, Pedro Julio Martínez, afirmó que “se mandaron instrucciones al Hogar para que cumpliera debidamente con la ley y no hubo multa para esta institución, así que en ese caso hay que desmentir que haya habido sanción a este Hogar. En Chile se debe cumplir con la ley y a la Dirección del Trabajo se le ha mandatado para hacer cumplir la ley, donde nosotros simplemente hemos cumplido con nuestro trabajo al acudir a una fiscalización que por lo demás, se debió a una denuncia de los propios trabajadores de esa institución”, dijo. La Prensa informó profusamente de lo que calificó como un “descriterio”: Es decir, los controles, exigencias y multas de la Inspección del Trabajo.
Según ese diario, el senador Nelson Ávila consideró “indignante” lo ocurrido con la obra, condenando “la falta de criterio respecto a las labores de control de parte de la Inspección, situación que lo motivó a comunicarse en forma directa con la Ministra del Trabajo”. Por su parte, el senador Juan Antonio Coloma dijo: “A todos nos interesa que los trabajadores estén protegidos de los abusos, pero insisto también se puede aplicar el criterio, especialmente cuando no hay situaciones de tanta gravedad”.
Para estos senadores, el no pago de sueldos, los reemplazos sin respetar la ley o los trabajadores laborando sin descanso dominical ni implementos de trabajo no serían “faltas de criterio” ni al parecer violaciones a la ley… La alcaldesa Mirtha Segura asegura que “la obra benéfica enorgullece a los molinenses”. Según La Prensa, el Hogar recibió el apoyo de concejales, de la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, del ex alcalde de Curicó y de “un grupo de profesionales de la prensa de diversos medios de comunicación”.
“Queremos seguir trabajando tranquilas por los más pobres”, dijo la Madre Irene. “El Hogar atiende a enfermos terminales, ancianos pobres y abandonados. Los controles y multas que vienen desde la Inspección del Trabajo dolor e incomodidades nos ha provocado, pues no somos una empresa comercial, ni tenemos los conocimientos administrativos para llevar todo en la forma que se exige. La legislación debiera tener consideraciones para este tipo de instituciones como la nuestra. Han sido miles de personas que hemos atendido y se han mejorado milagrosamente. Estamos al día en los sueldos y en las cotizaciones previsionales, los sueldos no son altos, son los que podemos pagar”, dice… Y ella misma reconoce que en el Hogar no se trabaja según la ley: “’Muchas veces los sueldos se atrasan y es porque no se ha juntado el dinero suficiente, pero apenas se logra, se paga’, pues es otra de las preocupaciones de la madre. Si no fuera así ¿dónde estaría más del 90 por ciento de los enfermos que en el hogar se atienden? Recordemos que no hay ninguna ayuda del Estado y si la hay es mínima”, dice La Prensa; y agrega “este grave problema de incomprensión que ha tenido que enfrentar la Congregación y la Madre Irene, se tiene que transformar en una oportunidad para que la gente de ‘buena voluntad’, amparada más en el espíritu que en las frías leyes, haga llegar su aporte generoso para que la obra siga existiendo. En este momento sólo por concepto de energía eléctrica hay una deuda que bordea los 30 millones de pesos…”.
¿Cómo es posible que una institución funcione sin respetar sus obligaciones económicas ni leyes laborales? ¿Es o no un descriterio que senadores y funcionarios del Trabajo hagan lobby para evitar que se cumpla con la ley laboral?
Según el jefe de la Inspección Molina, Mauricio Hernández, el organismo no ha cursado multas: “La fiscalización todavía está en proceso y no se han cursado multas. Sólo se hicieron indicaciones respecto a los implementos de seguridad de los trabajadores”. Al Hogar se le aplicaron sanciones hace dos años por no respetar el descanso dominical y la última denuncia fue por no pago de remuneraciones. Las fiscalizaciones que se han realizado en el Hogar tienen como origen las propias denuncias de sus trabajadores. La Inspección tiene la obligación de acudir a la empresa y verificar las denuncias. “Si recibimos una denuncia, tenemos que ir a fiscalizarla como cualquier otra empresa, independiente de que sean una obra de caridad, los procedimientos en nuestro caso son estrictos y los cien trabajadores que laboran con las hermanas del Buen Samaritano están regidos por el Código del Trabajo”, agrega Hernández.