Por los momentos, el juez Oyarbide no encontró al ex presidente Menem responsable de “cohecho” (pago de sobornos), pero sostuvo que la investigación por este delito proseguirá.
Quedó procesado por el delito de “administración infiel”, por lo que se le aplicó un embargo de 54,5 millones de dólares sobre sus bienes.
La investigación del caso se inició en abril de 2004, a partir de las declaraciones de un directivo de una empresa suiza que dijo haber intervenido en el pago de sobornos al Gobierno de Menem por unos 25 millones de dólares.
En diciembre de 2008, la filial argentina de la alemana Siemens admitió que pagó sobornos durante el gobierno de Carlos Menem, en una carta enviada al ministro argentino de Planificación Federal, Julio De Vido, cuyo texto difundió la agencia oficial Télam.
“Se ha reconocido haber incurrido en infracción a disposiciones de la Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero. En esas condiciones, las autoridades estadounidenses y Siemens AG acordaron el pago de una multa total de 800 millones de dólares”, señaló la misiva.
También el pasado mes de diciembre la Cámara Federal de Buenos Aires confirmó por casos de irregularidades los procesamientos del ex secretario de Comunicaciones Germán Kammerath y de una decena de ex funcionarios y directivos de la compañía francesa.
Entre ellos están Alejandro Cima, ex número dos de la Secretaría de Comunicaciones, el ex presidente de la Comisión Nacional de Comunicaciones Roberto Catalán y los ex vicepresidentes de ese organismo Roberto Uanini y Hugo Zothner.
También están procesados Jorge Justo Neuss, titular de la firma Thales Spectrum International y accionista mayoritario de la filial argentina; el francés Jean Nicolás Rostan, directivo de la empresa D’Ancesune West y Juan Carlos Casagne, titular de la filial argentina.
En julio de 1997, Thales Spectrum, que entonces operaba bajo el nombre de Thompson, firmó un contrato con el Gobierno de Menem por 500 millones de dólares para gestionar durante 15 años, el cobro de cánones por el uso del espacio radioeléctrico argentino.
En enero de 2004 el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) canceló la concesión por incumplimiento de las inversiones pactadas en el contrato.