Está por verse, una vez terminada la etapa de los nombramientos masivos, la destreza de la Presidenta para conjugar sus amplias prerrogativas con la fuerte gravitación de los partidos en la democracia representativa chilena. Ellos no sólo detentan la capacidad de llevar a un ciudadano –un militante, por añadidura- a la jefatura del Estado, sino que deciden la suerte de la agenda legislativa gubernamental.
El hermetismo con que la Presidenta electa guardó la elección de Marbella como lugar del encuentro de dos días con sus más altos colaboradores -que ella calificó militarmente de “alistamiento”- fue un ejemplo adicional de lo que se está llamando “el estilo Bachelet” . Uno que está exacerbando los ánimos de los jefes de los partidos que la apoyan y “desconcertando” incluso –según se admite en el oficialismo- a los miembros del equipo político que se instalará en La Moneda.
Puede que tanta autonomía, secretismo y manejo exclusivo de los tiempos constituya una revancha por las dudas que se levantaron durante la campaña sobre su capacidad para dirigir la República, pero lo que está claro es que el sistema presidencialista chileno permite todo ello y mucho más. Las facultades omnímodas del Jefe de Estado no se condicen con la fuerte gravitación de los partidos, más propia de los regímenes parlamentarios. En Chile, la presencia sólida e incontrarrestable de una media docena de corrientes políticas ha impedido –antes y después del quiebre de 1973- el surgimiento de líderes y movimientos populistas, que se aparten de los grandes lineamientos ideológicos inspirados, en general, en la experiencia europea. Ni siquiera el gran desprestigio de la clase política –y subsecuentemente de los partidos y el Parlamento- se ha traducido, hasta ahora, en desbordes personalistas ni nacionalistas: aún líderes tan independientes como el general Ibáñez y Jorge Alesandri debieron gobernar con los partidos que tanto detestaban.
El caso de Bachelet es inédito. Militante socialista que navegó desde joven en las corrientes más izquierdistas, mantiene hasta hoy una interlocución preferente con el dirigente que heredó el liderazgo de aquéllas, Camilo Escalona. Sin embargo, la Presidenta está convencida de que su candidatura fue un “accidente de tránsito”, que pilló descolocado al “establishment” partidario, el que no tuvo otra opción que inclinarse ante las preferencias de la gente.
El consecuente sello que la militante así ungida desea imprimir a su gobierno pasa, entonces, por un puente cuyos pilares lo constituyen los partidos, pero que se afinca en la masa ciudadana.¿Cómo se resuelve la ecuación? Recibiendo de los dirigentes las listas y requerimientos que les hacen llegar, para decidir en función de los principios básicos que diseñó y que se propone llevar a la práctica.
En la forma, esto ha significado mantener a los dirigentes en vilo, sin informarles antes que a la ciudadanía, y exigiéndole a sus designados reserva de la información, que en todo caso les entrega compartimentada. Una consecuencia colateral son las largas esperas a que somete a los periodistas, ante los cuales se presenta siempre retrasada, como una novia que se hace esperar, y con una frase dibujada en su rostro: “Yo no les dije cuándo vendría”.
En cuanto a los contenidos, a la intransable paridad de género y a la combinación de experiencia y recursos humanos renovados se agrega un distanciamiento de los intereses de los partidos y sus figuras y de sus disputas internas. Pero como si estuviese ante una pirámide, va flexibilizando de arriba hacia abajo y lo que resultó más rígido en el primer escalón de ministros se suelta un poco en el segundo de subsecretarios, hasta llegar a una concesión máxima en el tercero de intendentes. Así, designa sólo a dos operadores políticos como ministros (en Justicia y Trabajo) y a uno como subsecretario (en Investigaciones) y da un premio de consuelo a la porfía y la vocación ejecutiva de un jefe partidario (en la Intendencia metropolitana). Pero ni siquiera la designación como subsecretarios de seis candidatos derrotados al Parlamento puede leerse necesariamente como otra decisión compensatoria, porque ¿acaso no designó al no reelecto senador Zaldívar como ministro del Interior por ser funcional a sus designios? Ese podría ser también el caso del actual diputado Edgardo Riveros, quien como subsecretario de la Presidencia y ex de Gobierno en el período de Aylwin podría aportar su experiencia para tender puentes con los parlamentarios.
El caso del “gusto personal” que se habría dado al designar como subsecretario de Aviación a un ex colaborador de su padre puede tomarse, igualmente, con una perspectiva diferente: la de profundizar el surco que abrió al arribar ella misma al ministerio de Defensa, ahora con un aviador que vistió el uniforme antes de sufrir la cárcel, tortura, condena a muerte y extrañamiento que le infligieron por “subversión” sus camaradas de armas, que acababan de cometer a su vez el delito de “sedición”.
Que el capitán en retiro Raúl Vergara haya cuestionado, hace ocho meses, la subsistencia en Chile de plenas garantías para un juicio justo de un prófugo internacional tiene menos importancia relativa que el sentido de su designación por su “camarada” Bachelet. Incluso muchos de los que hoy piden que no asuma han cuestionado, de alguna forma, la vigencia del estado de Derecho: el senador Jovino Novoa dijo el 5 de octubre último nada menos que “la reforma procesal penal favorece a los delincuentes”. ¿No es ésta sino una legítima crítica –una de tantas- al sistema judicial imperante en Chile?
La temprana ofensiva derechista contra un gobierno nonato que revela este episodio, así como las dudas que suscitó dentro de la Democracia Cristiana, ponen de manifiesto la necesidad que tiene la Presidenta del apoyo de su coalición, en especial en el Parlamento. En la democracia representativa a la chilena el poder lo ejerce el Presidente, pero la capacidad para llevar a un ciudadano a ese puesto la detentan los partidos y el éxito de su gestión dependerá del concurso del Ejecutivo y el Legislativo. Está por verse la destreza de Michelle Bachelet para conjugar esta realidad con el pleno ejercicio de sus dobles prerrogativas como Jefa de Estado y de Gobierno.