Durante los últimos años América del Sur vivió casi en su conjunto una década de crecimiento de la mano de un cambio en la forma de intervención estatal. Con muchos matices entre los países, se pasó de políticas neoliberales a diferentes grados de desarrollo de políticas sociales, proteccionismo y estímulo a la industria local. Ya sea desde los gobiernos más moderados, que señalan la austeridad y la responsabilidad fiscal como virtud, hasta los más radicalizados, que dicen desafiar al capitalismo desde un nuevo socialismo o desde una lógica donde prima el consumo por sobre el lucro, o aquellos que se contentan con llamarse nacionales y populares y apostar a políticas keynesianas, todos coinciden en atribuir al accionar estatal la clave del crecimiento de los últimos años.
Acogiendo el planteamiento presentado por la exsenadora Carmen Frei, en orden a que el Ejército mantiene archivos relevantes que dan cuenta sobre las violaciones a los derechos humanos realizadas durante la dictadura, la Comisión del ramo de la Cámara de Diputados acordó citar, para una próxima sesión, al general Humberto Oviedo y al Ministro de Defensa, José Antonio Gómez, de modo de instarlos a definir mecanismos específicos que promuevan la entrega a la justicia de dichos antecedentes.
El Partido Comunista de Chile expresó su repudio por la operación política y comunicacional montada en contra del ex Presidente de Brasil, Luiz Inacio “Lula” Da Silva, “que incluyó un innecesario, violento y aparatoso allanamiento a su vivienda y una toma de declaración, de acuerdo a las normativas brasileras, fuera de todo contexto normal como el mismo ex Mandatario, juristas y legisladores de ese país ya lo señalaron”.
Hoy, en Brasil, se ha avanzado un paso más en el proceso de desesta bilización institucional que pretende perpetrar un sector del Poder Judicial, la Policía Federal, los monopolios de prensa y las fuerzas políticas que han sido derrotadas en las últimas elecciones nacionales. Una desestabilización del orden democrático que tiene un objetivo principal: impedir que las fuerzas progresistas sigan gobernando el país y, especialmente, acabar definitivamente con el Partido de los Trabajadores y con su figura más emblemática, el ex presidente Lula.
Asamblea General de Naciones Unidas está en la obligación de elevar el caso a la Corte Internacional de Justicia.
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