Caracas. Venezuela es el país más atacado, sin tregua, por la ofensiva desestabilizadora de Estados Unidos y las derechas locales contra los gobiernos populares y revolucionarios de América Latina y el Caribe. Pero el chavismo militante y la dirección de la revolución bolivariana están muy lejos de haber sido derrotados, pese a las penurias y al agobio que esa arremetida ocasiona en importantes sectores de la población, sumada a los errores inherentes a los procesos revolucionarios, y al duro revés del oficialismo en las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015.
Sin argumentos frente al éxito de los modelos económicos y sociales de los gobiernos progresistas latinoamericanos, la derecha de esos países se dedica al ataque a la imagen personal de los líderes de la izquierda de la región.
Cuando Sebastián Piñera, señala que las reformas de la Presidenta Bachelet han sido un tremendo error, significa que este plutócrata no tiene idea de cuáles fueron las demandas que realizó por décadas el movimiento estudiantil y después transversalmente la ciudadanía chilena; que es incapaz de comprender la demanda nacional en pro de mejoras laborales, menos lo que se plantea hoy, respecto de un sueldo ético de $400.000 mil pesos chilenos y, por lo tanto, que es un individuo que no comprende que estas economías de libre mercado que él defiende y para las que trabaja, generan esta anomia social y que cualquier economista responsable sabe que existen por ello los países (incluyendo los desarrollados) aplican medidas que regulan, corrigen y controlan el mercado.
En el marco de su agenda protocolar, el Presidente de la Cámara de Diputados se reunió el lunes 11 de abril con la representante de Unicef en Chile Hai Kyung Jun. En la cita, Unicef expuso su preocupación por la llamada Agenda Corta Antidelincuencia, debido a la posible afectación de derechos que puede implicar para los menores la norma sobre control preventivo de identidad.

El Ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio, informó que la tasación comercial de 118 de los 134 inmuebles catastrados hasta ahora y traspasados gratuitamente a la Fundación CEMA Chile durante el régimen militar supera los 80 mil millones de pesos, lo cual equivale a la recaudación de casi tres campañas solidarias de la Teletón.
La Presidenta Michelle Bachelet había prometido no aplicar la ley antiterrorista en el conflicto de la Araucanía que, para enfrentarlo, todos los gobiernos a través de la historia de nuestro país han mostrado una incapacidad e inercia para resolverlos. En el fondo, a partir de la mal llamada “pacificación de la Araucanía”, el estado militarista y represor chileno se ha limitado a negar y aniquilar el pueblo mapuche, problema que se arrastra por más de un siglo.