Cuando Sebastián Piñera, señala que las reformas de la Presidenta Bachelet han sido un tremendo error, significa que este plutócrata no tiene idea de cuáles fueron las demandas que realizó por décadas el movimiento estudiantil y después transversalmente la ciudadanía chilena; que es incapaz de comprender la demanda nacional en pro de mejoras laborales, menos lo que se plantea hoy, respecto de un sueldo ético de $400.000 mil pesos chilenos y, por lo tanto, que es un individuo que no comprende que estas economías de libre mercado que él defiende y para las que trabaja, generan esta anomia social y que cualquier economista responsable sabe que existen por ello los países (incluyendo los desarrollados) aplican medidas que regulan, corrigen y controlan el mercado.
Por el contrario, no sólo es incapaz de ver las debilidades del sistema económico y, por ende, incapaz de crear controles o pensar en leyes que mitiguen los desequilibrios sociales que éste produce, sino que su mente anquilosada por la ambición y la avaricia, le hacen sostener que la única senda de progreso y bienestar es primero, no creando controles o mecanismos de regulación y segundo, que se debe trabajar creando leyes que permitan a los empresarios obtener más beneficios tributarios a objeto de aumentar la inversión y desarrollo del país. Lamentablemente, esta mentalidad no está dada sólo porque él sea un empresario, sino por el inició turbio de su cuantiosa fortuna.
A modo de resumen está el robo al Banco de Talca, donde Piñera se desempeñaba como Gerente. En esta institución cobró millonarias sumas a través de empresas de papel junto a otros dos implicados. Ilícito del cual quedó absuelto por la Corte Suprema de la dictadura, por intervención de la Ministra de Justicia Mónica Madariaga, quien actuó a petición del ex ministro del régimen militar José Piñera (su hermano). Posteriormente, el evento confuso de la creación y emisión de tarjetas de crédito bancarias en Chile, negocio en que habría sido contratado por el empresario Ricardo Claro, sin embargo, Piñera habría informado que el negocio no era rentable, mientras en forma paralela realizaba la creación de tarjetas, situación que le reportaría millonarias ganancias. He ahí, la génesis del problema.
Pero es obvio, un plutócrata, trabajará para su beneficio y para la de sus pares que manejan y controlan el país. Y tienen dos formas básicas de dominar:
· La primera, usando todos los recursos para que justamente salga electo presidente uno de sus representantes o esbirros políticos, entendiéndose por esbirro político a todo aquel que trabaja remunerado para entregar más beneficios económicos a estos clanes familiares y sus empresas, y en esto no sólo comprende presidente, sino también senadores y diputados de derecha (UDI-RN).
· La segunda forma, es controlando a sus políticos opositores para que no realicen reformas ni generen cambios que afecten sus utilidades. Y lo hacen sobornando o de lo contrario amenazando con crear un clima de inestabilidad económica.
Ejemplos del primer caso hay muchos: la investigación a políticos de la UDI por actos de soborno, lavado de dinero y cohecho en el caso del financiamiento ilícito de campañas electorales de las empresas SOQUIMICH (SQM) y Penta; o el caso del royalty minero que afecta incluso a la administración de Piñera, en donde el gobierno que presidía el 2010, despachó un texto de ley que es copia fiel de un correo enviado por el entonces, gerente de SQM Patricio Contesse al senador Pablo Longueira, quien después sería ministro de economía de Piñera, seguramente por esos méritos, que le permitieron a SQM Salar S.A. y SQM Nitratos S.A., acceder a millonarios beneficios. Y también tenemos otros casos de análogas características como el de Jaime Orpis (UDI), que como senador trabajaba creando leyes de pesca para una empresa de otro de los grandes clanes económicos de Chile (Corpesca S.A. del grupo Angelini). Sin considerar los $150 millones de pesos pagados por este mismo grupo a la sociedad Asesorías Técnicas S.A., empresa ligada a Renovación Nacional o los similares montos que también esta empresa recibió de SQM.
Al igual como Piñera desconoció el sombrío caso de las tarjetas, hoy también niega que hubiese tenido contacto con Longueira o SQM, en el caso de la ley de invariabilidad que benefició a esta empresa. Y una vez más, los tribunales nacionales (poder judicial) se riñen con la ética, tal como ocurrió en dictadura con el fraude al Banco de Talca, toda vez que el fiscal que investiga este caso de cohecho, Pablo Gómez, es esposo de la que fuera Ministra de Justicia en su gobierno, es decir, ¿cómo puede haber una investigación acuciosa e incisiva, si debe investigar a ex colegas y al ex jefe de su esposa? Por sentido común, es un acto reñido con la ética investigativa. Lo peor o más extraño, es que este fiscal asumió la investigación meses antes de iniciarse estas indagatorias. No existe explicación para un cambio de un fiscal como Emiliano Arias, quien conocía con precisión los antecedentes del caso a un fiscal como Gómez, quien no tiene esa experiencia ni trayectoria en la investigación y que además, tiene este vínculo. Estas situaciones sólo generan dudas y desconfianza en la ciudadanía.
Tenemos un patria controlada por estos plutócratas y su insensible maquinaria de hacer dinero a costa de toda la ciudadanía; permitiendo prácticas comerciales ilegales, colusión y carteles de empresarios que permiten incrementar sus ganancias y concentración de la riqueza sin regulación económica y sin moralidad; o bien contando abiertamente con la voluntad de un séquito de políticos de derecha que trabajan ilegalmente pagados por empresarios en la consecución de franquicias tributarias para sus empresas.
Pero también tenemos una corrupción transversal e investigaciones que aún no se realizan y que casi no se mencionan, como las 90 empresas que el 2015 rectificaron sus declaraciones de impuestos a petición del SII, con el objeto de subsanar irregularidades de sobornos, boletas ideológicamente falsas o fraude al fisco, cuya suma ascendió a más de quince mil millones de pesos y entre las cuales se puede mencionar: BCI, Ripley, Corpbanca, Copec, CAP, Celulosa Arauco, Watts, Aguas Andinas, entre otras.
Además de estas situaciones sin investigación, están las leyes anti democráticas recientemente creadas, como la ley anti filtraciones que no deja de ser una ley mordaza y la propuesta de “nueva ley de transparencia” que redujo a 2 años la prescripción por delitos electorales.
Existe también la vergonzosa opinión del presidente de La Comisión Especial de Probidad y Transparencia del Senado, Ignacio Walker, quien en su rol de garantizar el fortalecimiento de la institucionalidad del país dado los millonarios actos de corrupción por los que atraviesa el país, sale a defender estas leyes. Y están también las desacertadas opiniones de apoyo de José Miguel Insulza, Jorge Pizarro, Juan Pablo Letelier a Longueira, y a quien a la fecha, las investigaciones señalan que éste recibió ilícitamente $900 millones de pesos de diferentes firmas.
Dada lo anterior resulta dudoso creer en la propuesta entregada ayer por la presidenta respecto del proceso de la asamblea constituyente. Pero, al menos, la herramienta está ahí. Es posible que una cuota de voluntad de todos los ciudadanos dignos con que cuenta esta patria (no políticos) puedan usar todos los subterfugios necesarios para que esta herramienta sea la opción para erradicar de una vez los carteles económicos (colusiones de empresas y monopolios) y la corrupción transversal de nuestra clase política.