
“El estudio sobre alternativas de protección jurídico-normativa y de otra índole para semillas y prácticas tradicionales relacionadas con la agricultura, dado a conocer esta semana por ODEPA (Oficina de Planificación Agraria) y realizado por docentes de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile junto a otros académicos, es una propuesta funcional a la reactivación del proyecto de Ley Monsanto (Ley de Obtentores Vegetales). No aborda el convenio UPOV 91, la principal amenaza legal que se cierne sobre la semilla, la agricultura familiar campesina y la biodiversidad”, afirma María Elena Rozas, coordinadora nacional de RAP-Chile, organización miembro de la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile. Lucía Sepúlveda, encargada del área de semillas de la organización agrega: “No vamos a legitimar ningún truco del gobierno que esté orientado a ocultar o maquillar los verdaderos objetivos de la Ley de Obtentores Vegetales. Seguiremos adelante con la campaña de defensa de la semilla campesina e indígena, junto a todos los consumidores que buscan contar con alimentos sanos y quieren alimentar a sus familias con alimentos libres de transgénicos, patentes y plaguicidas.”
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