Febrero 12, 2025

Fundar la República

 

El principio fundamental de una república – la cosa pública – es la virtud y, en este sentido, no hay contradicción en el Maquiavelo de La primera década de Tito Livio y el de El Príncipe, pues en ambas obras el núcleo central es la admiración por la ética en la antigüedad y el consiguiente quiebre entre la ética privada y la pública.

 

 

La República, que exige la virtud como principio, es difícilmente compatible, a mi modo de ver, con la democracia bancaria pues, en este caso, la “cosa pública” deja de existir para convertir la política en un asunto privado, un coto de caza dirigido, principalmente, por los empresarios, que es, precisamente, lo que está ocurriendo en Chile y en otras partes del mundo.

 

Cuando el ministro José Antonio Gómez, vocero subrogante en el mes de febrero, se refirió al recién descubierto escándalo Caval, expresó ante las cámaras que era un asunto entre privados – a lo mejor, expresó mejor que nadie la patente realidad de que la política es un asunto privado y que, por consiguiente, hablar de “res pública”, además de una insensatez es una mentira estratosférica.

El ex Presidente Sebastián Piñera expresa aún en forma más clara, rotunda y en la práctica esta realidad de que la política es un asunto privado, al no separar sus negocios privados con los del Estado. Si La hipótesis de que la política es un asunto privado, es evidente que existan “condotieros” – mercenarios – no muy distintos que los del Renacimiento, jefes de mafias, que podrían, con propiedad, ser homologados con los directivos de los partidos políticos, grandes “mecenas”, empresarios que financian el arte de la política – en este caso, es bastante mediocre como producción intelectual y visual -.

Para que exista corrupción estructural es necesario que haya mucho dinero circulante. En la historia de Chile, por ejemplo, las dos épocas en que más se robó al fisco han coincidido con el auge de la materia prima principal de Chile, que ha sustentado la economía: en 1891-1925, el salitre y, en 1973 hasta hoy, el cobre; en ambos casos, la política se convirtió en asunto privado y el Estado en un botín a repartir entre grandes figuras oligárquicas.

La crisis actual de corrupción, a mi modo de ver, no es episódica, sino estructural, no creo que una Comisión, nombrada ad hoc, pueda solucionarla por arte de magia, el tema de la corrupción, mucho menos – como lo pretenden algunos – por una conducción más acertada por parte de la Presidenta de la República. Es cierto que la Constitución de 1925 dotó al Presidente de poderes similares a una monarquía absoluta, que podría hacer creer que un rey o una reina pudiesen solucionar temas tan difíciles de abordar por simple inspiración divina.

En la historia del presidencialismo, desde 1925 hasta 1973, el monarca-presidente ha tenido que entenderse, ya sea con los partidos políticos de apoyo o con el congreso – no hubo Presidente que no se quejara de la partidocracia – o con su propio partido; así ocurrió con los gobiernos radicales, posteriormente con el Presidente Eduardo Frei Montalva y la Democracia Cristiana, o con Salvador Allende y el Partido Socialista, y de 1973 hasta hoy, con el poder empresarial que, como se ha develado fehacientemente, son los dueños de la política privatizada.

En conclusión, para fundar la República – asesinada el 11 de septiembre de 1973 – no sólo es necesario un plebiscito que permita convocar a una Asamblea Constituyente, sino también sentar las bases de lo que realmente caracteriza a una República, es decir, sacarla del dominio de los privados para volverla a lo pública – a la sociedad civil, lo cual equivale a una colosal y urgente desprivatización, nada menos que terminar con la “democracia bancaria”, con oligarcas, pero sin pueblo, y convertirla en una democracia donde los ciudadanos sean los verdaderos detentores del poder.

Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)

22/04/2015

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