Históricamente, el fuero parlamentario servía para proteger a los representantes del pueblo, legítimamente elegidos, en su labor de fiscalizar y denunciar los abusos del poder monárquico – en el caso de la república, del poder presidencial -. Por otra parte, la dieta se utilizaba para evitar que solo los ricos pudieran llegar al parlamento.
Si el Chile actual fuera una democracia representativa, estas dos instituciones tendrían algún sentido pero, lamentablemente, en el caso chileno no se cumplen los cánones mínimos de una democracia formal, pues de la sustantiva mejor ni hablar: 1) nos regimos por una Constitución plagada de trampas e ilegítima en su origen y en su ejercicio; 2) no existe la separación de poderes; la igualdad ante la ley es una verdadera faramalla – no todos los ciudadanos tienen el mismo acceso, como tampoco son tratados de la misma manera <véase delitos económicos de calibre e impunidad para los plutócratas> -; 3) la soberanía popular se asienta en el sufragio de empresarios y banqueros, que se compran a los electores y, sobre todo, a sus supuestos “representantes”.
Ahora cabe la pregunta: ¿si Chile no es una democracia, qué diantres es? Ni más ni menos que una monarquía presidencial electiva, que ejerce como Ejecutivo, Legislativo y actúa, bajo presiones sobre el Judicial. Cabría preguntarse el porqué en la opinión pública, aparentemente, causó mayor impacto el caso Caval que el Penta-UDI Y Soquimich-Nueva Mayoría. Atrevámonos a plantear una hipótesis: en la crisis de legitimidad institucional chilena lo único que iba quedando en pié era el carisma de la Presidenta, además del poder monárquico de nuestro sistema político, que cuando se hunde, se lleva consigo todo el sistema político.
Si consideramos que el parlamento actual no cuenta, ni siquiera, con el 10% de apoyo de la ciudadanía y, además considera que los diputados y senadores constituyen la quintaesencia del abuso económico – sus dietas suman cuarenta veces más el salario mínimo – y que, equivocadamente o no, no cumple con su deber y que se sirve a sí mismos en vez de servir a la ciudadanía, en síntesis, no representa a sus electores.
El caso de los partidos políticos es aún más grave, pues apenas tienen el apoyo del 5% de los ciudadanos los consideran una verdadera “cueva de ladrones” – para usar una frase bíblica -. Si analizamos con detenimiento el caso Penta-UDI y Soquimich-Nueva Mayoría concluiremos que es de extrema gravedad para la democracia – solo comparable con el caso italiano y venezolano, en que el primero destronó, vía judicial a los tres partidos más importantes, democratacristiano, socialista y comunista y, en Venezuela, COPEI y ADECO – a la sola consideración de los presuntos delitos que se imputan a empresarios y políticos, entre ellos, fraude tributario, cohecho, y otros.
En una democracia, el hecho de que un Banco, que forma parte de un holding, se convierta en la caja pagadora de un partido – en este caso Penta-UDI y de Soquimich que por vía financiamiento de campañas compra parlamentarios, cual mercancías – daría al traste a cualquier sistema político. En Chile los parlamentarios acusados y confesos de usar boletas falsas aún se mantienen en el congreso, lo cual prueba que nuestro actual sistema política está podrido.
Pienso que cuando la crisis de legitimidad y de credibilidad llega a su culmen ninguna medida paliativa – como la comisión que pretende crear la Presidenta, como si tuviéramos buena experiencia de su resultado <acordémonos de la euforia de los tomados de la mano para celebrar la LEGE> – se puede aplicar con éxito, por consiguiente hay que atacar a fondo el problema, por ejemplo, el llamar a un plebiscito en que el pueblo se pronuncie sobre factibilidad de una Asamblea Constituyente, que funde la República – destruida en 1973 -. El desafío sería lograr un alto porcentaje de votantes que, estoy seguro, así será.
Es digno de destacar, al menos de parte, dos ideas centrales del discurso anual del Presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, en primer lugar, la igualdad ante la ley, que incluye el fin del fuero parlamentario y todo privilegio para personas con poder económico y/o político, y en segundo, lugar, el plebiscito revocatorio de mandato para cargos de elección popular. El problema que surge es que tan loables conceptos son válidos en una democracia, pero no en una oligarquía, como es el sistema político chileno actual, pues la columna vertebral es la desigualdad y el abuso.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
03/03)2015