Archivo periodístico 2005–2019
La tendencia a favor del candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) Salvador Sánchez Cerén en las elecciones presidenciales del domingo es irreversible, anunció hoy el Tribunal Supremo Electoral (TSE), y dijo que habrá que esperar el computo final que podría demorar tres o cuatro días para declarar al ganador.
De los eventos que han tenido lugar en Latinoamérica en los últimos meses hay dos que merecen especial atención, pues han pasado desapercibidos, cuando no ignorados, por los mayores medios de información españoles. Uno es la conferencia de jefes de Estado de América Latina y del Caribe en la Habana, Cuba, y que incluía a los máximos representantes de la gran mayoría de las naciones de las Américas, excepto EEUU y Canadá. Todas ellas pertenecen a la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), comunidad establecida en 2011 como alternativa a la OEA (Organización de los Estados Americanos), percibida como excesivamente influenciada por el gobierno de EEUU. Como resultado de esta influencia, la OEA había excluido a Cuba, expulsada ya en 1962 de esta organización. Tal expulsión terminó en el año 2009, cuando EEUU permitió que se la invitara, invitación que Cuba rechazó por considerar que la OEA continuaba estando dominada por el gobierno de EEUU.
Tras la sentida revelación judicial del oficial en enero pasado, ahora el juez Carroza debería iniciar una amplia rueda de nuevos interrogatorios que llegaría hasta insospechadas esferas, partiendo por quienes todos sindican como el capitán al mando de la Sección II de Inteligencia: Víctor Echeverría, a cargo de los detenidos en el Buin.
La Orden profesional afirma que en Venezuela impera la libertad de prensa, en el contexto de un sistema democrático, cuya manifestación actual es el gobierno de Nicolás Maduro y todas las autoridades legislativas, estaduales y locales, elegidas en votaciones populares. No obstante, advierte que en esa nación sudamericana, como también sucede en Chile, existen situaciones específicas que afectan la libertad de prensa y el derecho a la información de los ciudadanos
El senador del MAS Alejandro Navarro advirtió hoy sobre la eliminación de correos, oficios y documentos del gobierno en ministerios y servicios públicos, medida que calificó como “una ‘política de tierra arrasada'”. De acuerdo a Navarro, la alerta fue entregada por el futuro ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde, quien indicó la existencia de un decreto que pone fin a mantener los archivos públicos.
Sr. Ministro saliente de Cultura
don Roberto Ampuero:
Ud. ha anunciado recién, desde su sitial de ministro saliente, la pronta publicación de su nuevo libro político: ahora será sobre la fenecida Alemania Oriental, en la que Ud. se asiló en 1974 y a la que Ud. volvió desde Cuba en 1980.
Fundación Defendamos la Ciudad, a través de Patricio Herman, su presidente y de los arquitectos Jonás Figueroa y Miguel Prieto, dándole patrocinio y poder al abogado Luis Mariano Rendón, con la formalidad de rigor, le entregan al Fiscal José Morales, las informaciones públicas que a continuación se dan a conocer,
Salvo los Presidentes José Manuel Balmaceda y Salvador Allende, la mayoría de los primeros mandatarios no han sido más que administradores de los mercachifles, dueños de este país. Algunos, como Pedro Montt, Arturo Alessandri Palma, Carlos Ibáñez del Campo y , ahora Michelle Bachelet, han logrado entusiasmar a la ciudadanía con muchas promesas que, al final de sus mandatos, terminan incumplidas.
Indignados por la agresión que sufre el pueblo venezolano por parte de grupos violentos de ultraderecha que intentan romper el orden constitucional
Una reunión con el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza sostuvieron el presidente y primer vicepresidente de la AChM, Santiago Rebolledo y Christian Vittori, respectivamente, quienes junto a los dirigentes de Empresas de Aseo, Jardines y Rellenos Sanitarios, concurrieron hasta la contraloría para zanjar el conflicto generado por el incumplimiento de acuerdo con los recolectores de la basura, firmado en La Moneda el pasado 9 de diciembre del 2013.