Diciembre 13, 2024

Cataluña y España, en el último tramo

Gran Bretaña y España reaccionan diferentes ante las demandas independentistas de Escocia y Cataluña. Tras el referéndum escocés, la agenda española pone en la mesa: impugnación constitucional, enjuiciamiento a autoridades catalanas e intervención de la autonomía. Mientras tanto, tras la multitudinaria movilización social catalana, se pone a prueba la cohesión de la unidad política del soberanismo catalán.

 

democracia y autoritarismo

Los escoceses podrían ser independientes un 18 de septiembre. Lo serían a través de un referéndum vinculante. La previsión es que el resultado será por la mínima. Tan es así que los dirigentes británicos David Cameron, conservador, Ed Miliband, laborista y Nic Clegg, liberal demócrata acordaron, a 48 horas del referéndum, ofrecer más autonomía fiscal a Escocia.

 

Muy diferente es el aire que corre por España. El Ministro de Asuntos Exteriores, José María García Margallo, planteó la posible suspensión de la autonomía de Cataluña, un virtual “golpe legal” al gobierno, si sigue adelante con la convocatoria de una consulta soberanista, no vinculante, para el 9 de Noviembre (9N).

 

Por un lado, la competencia abierta y democrática entre ingleses y escoceses y, por otro, la incompetencia democrática del gobierno español contra la voluntad de los catalanes de votar, más de un 70% de los ciudadanos, según las encuestas y las dos terceras partes de sus representantes en el Parlamento.

mayoría ciudadana” movilizada…

La amenaza autoritaria surge cinco días después que más de un millón de catalanes, por tercer año consecutivo, se manifestaran en el Día Nacional de Cataluña, el 11 de septiembre, a favor de la consulta y de la independencia de Cataluña.

 

En 2012 fue una multitudinaria marcha por calles de Barcelona hasta el Parlamento catalán para pedir la apertura de un proceso soberanista; en 2013 fue una cadena humana que cubrió 400 kilómetros de territorio catalán, ahora, en 2014, fue una gigantesca “performance cívica”.

 

Ésta consistió en la formación de una gigantesca V (“voluntad”, “votar”, “victoria”) con la participación de más de 550 mil personas inscritas previamente, que se desplegó, con los colores de la bandera catalana, en tramos previamente establecidos, a través de la Gran Vía de las Cortes Catalanas y de la Diagonal de Barcelona, una extensión de 11 kilómetros.

 

frente al Estado español

Delante de esa multitud, la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Carmen Forcadell aseguró: “ganar el 9N está exclusivamente en nuestras manos” e instó al Presidente catalán Artur Mas a que ese día “ponga las urnas”.

 

El desafío soberanista se expresó en las palabras de la presidenta de Òmnium Cultural, Muriel Casals: “la voluntad democrática en las urnas está por encima de la opinión de un tribunal partidista”, en alusión al Tribunal Constitucional (TC), la mayoría de sus miembros nombrados por un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español.

 

Forcadell, consciente de dificultades políticas en el campo soberanista, planteó a los representantes de los partidos soberanistas (el 64% de los parlamentarios catalanes) que “dejen de lado los intereses de partido” y “sean dignos del pueblo que los ha votado”.

 

el frágil consenso político

A 72 horas de la reivindicativa y festiva manifestación en el espacio público barcelonés, el aire se enrareció en el espacio mediático. Oriol Junqueras, líder de la independentista Esquerra Republicana (socialdemócrata) planteó la “desobediencia civil” si la consulta es impugnada y Josep Antoni Duran Lleida, líder de la con-federalista Unió Democràtica (socialcristiana), respondió: la “desobediencia de la ley rompe la unidad y le pega un tiro en el pié al proceso”.

Paradojalmente, desde diciembre de 2012, ERC y UDC son aliados, junto a Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) del Presidente Mas, al suscribir un pacto de estabilidad de gobierno aún vigente. La disputa refleja la fragilidad de la unidad o consenso, como lo reconociera el propio Mas, entre los partidos soberanistas pro consulta.

 

Todo ello cuando no hay ni ley de consulta (se aprobará este viernes 19), ni convocatoria a las urnas (que sería la próxima semana), ni impugnación de Madrid (que se supone que sería a continuación).

 

la voluntad política y la reacción

En el debate de política general, desarrollado estos días, los cuatro grupos políticos (seis partidos) soberanistas resolvieron presentar un voto que solicita al Presidente Mas a que convoque la consulta “con todas las garantías democráticas y de participación posibles” y le demanda que consulte al pleno del Parlamento cuando las circunstancias del proceso democrático para decidir el futuro político de Cataluña lo requieran.

 

El Presidente español, Mariano Rajoy ya anunciado que las medidas para actuar están resueltas. En caso de convocatoria, recurrirá al TC, que lo acogerá, suspendiendo la consulta. De seguir ésta adelante, el Fiscal General del Estado –que ya ha convocado a los fiscales en Cataluña para instruirlos- llevaría a funcionarios, incluido el Presidente Mas, ante la justicia y como último recurso se intervendría políticamente la autonomía con la instauración de un delegado del gobierno. 

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