Cuando repetimos que la ultraderecha chilena es una de las más sanguinarias de las que se conocen en el mundo, no decimos nada que la realidad pueda contradecir. El odio ancestral de los poderosos por todo lo que huela a populacho, la ha hecho generar masacres a lo largo de toda la historia del Chile republicano.
Finalmente, toda matanza de trabajadores desarmados, hombres, mujeres y niños, que luchaban por mejoras en sus condiciones de vida, fueron decisiones políticas.
Lo que ocurre cuando Carabineros apalea sin misericordia, o gasea de manera criminal, incluso cuando ha asesinado personas, no es algo diferente.
La autonomía que tienen los mandos policiales para operar aún sin la directa e inmediata autorización de la autoridad política le permite decidir cómo, cuándo y con qué reprimir a quienes, se supone, hacen uso de un derecho ganado.
Resulta parte del paisaje democrático ver como pestilentes agentes del orden, a buen resguardo en sus exoesqueletos y vehículos blindados, golpean estudiantes con el salvajismo propio de las tiranías.
Como infiltra a manifestantes, controla desde el aire con drones, provoca con el mayor de los descaros pacíficas ceremonias y marchas, se instala en territorio mapuche como tropas de ocupación y todo eso, y mucho más, no solamente pagado con los malditos impuestos, sino que como si fuera un hecho normal adosado a la naturaleza de esta democracia.
Pero, a pesar de su brutalidad, esas actuaciones políticas de la policía y de los militares responden a cierto contexto. No son casuales.
Como se sabe, el gobierno de Michelle Bachelet tiene el objetivo mayor de tranquilizar al país que había dado señales de un inaceptable desorden. Para el efecto, ha prometido una serie de reformas en los ámbitos que tiene que ver con la esencia del modelo: la educación, que es donde se reproduce y en lo tributario, que es donde se roba.
La ultra derecha ha dado fiera batalla. Para el efecto de lograr una reforma tributaria que deje las cosas peor que antes, han contado con la valiosa contribución de sujetos que militan en partidos en los que la CIA ha tenido que ver en más de una oportunidad. El resultado: una reforma a pedir de boca de los poderosos.
La dificultad radica en la otra reforma: la educacional. Ha quedado claro para los que mandan desde las sombras, que la única manera de imponer un cambio que no sea tal, debe ser por la vía de imponerlo por la fuerza.
Ya habrá quedado claro también, que, aún cuando se despliegue la represión, dura, brutal, inhumana, criminal, los estudiantes seguirán siendo capaces de enfrentarla por la masividad de sus convocatorias, por la lucidez de sus dirigentes, por la bronca que de tarde en tarde, se expresa en la gente.
El corolario es que son necesarios mayores grados aún de violencia para detener al movimiento social. Pero, con la dificultad para reorganizar comandos conjuntos y otros mecanismos represivos que reinaron durante la dictadura, se concluye que es necesario reforzar la ley, en especial, la que dote de mayores atribuciones, medios y alcances la que ya existe y que da vida a las agencias que vigilan a los ciudadanos y complotan contra sus derechos.
Y aquí llegamos a la necesidad de generar un estado de situación tal, que legitime esas mayores medidas represivas contra el movimiento social. Y para el efecto, los actores involucrados en estas operaciones de inteligencia, juegan su rol: la explosión criminal de una bomba y luego el despliegue de canales de televisión, autoridades policiales y militares, especialistas en terrorismo, políticos de cartón, comisiones de estudios, ministros, parlamentarios, abogados y mucho periodismo vendido.
La colocación de un artefacto explosivo que dañe a gente inocente, siempre va a ser un acto criminal. Un sujeto que crea que de esa forma realiza un acto en contra del sistema, del capital o el orden, es raro que exista.
Estamos más bien ante una serie de operaciones de inteligencia destinadas a crear un estado de cosas que obligue al gobierno a morigerar sus ya deslavados ímpetus reformistas, y de paso, aumentar la represión contra el movimiento social, acusado de soslayo de estar detrás de semejante acto de vandalismo.
A los autores de esos ataques hay que buscarlos en las agencias de inteligencia que financia el estado, y, eventualmente, los poderosos.
Como sabe hasta el más ingenuo, de haber sido delincuentes comunes los del asalto al camión del aeropuerto, ya habrían sido capturados. Existe una probabilidad que bombas y billetes, no estén tan desligados unos y otros, y la operación del camión blindado no haya sido sino para financiar operaciones de terrorismo que creen la idea de grupos de izquierda operando y ese hecho justifique vaya a saber uno qué nuevos crímenes políticos.
En este país, es tan muy común ver muertos cargando adobes, que ya nadie se sorprende de prodigio.