“No hay nada nuevo en la vigilancia política”, escribió Aryeh Neier en el New York Review of Books luego de rastrear el espionaje político del gobierno federal de EEUU desde el establecimiento de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en 1908. Aunque las revelaciones actuales sobre el alcance del espionaje de ciudadanos de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) difiere de los primeros precursores, lo importante “es reconocer que persisten formas muy antiguas de vigilancia”.
Perspectiva histórica de la vigilancia masiva en EEUU, el nuevo rol de Facebook en la telaraña de la NSA
El 6 de mayo pasado la Comisión de Evaluación Ambiental de la Araucanía aprobó por seis votos contra cinco el proyecto hidroeléctrico Tacura, planeado en la zona de Melipeuco. Entre los cinco votos de minoría estuvo el del Intendente de la Región, Francisco Huenchumilla, quien estimó necesaria para resolver el tema la realización del proceso de consulta a las comunidades mapuche establecido en el Convenio 169 de la OIT. Los seis votos aprobatorios fueron Seremis integrantes del gabinete regional, es decir altos funcionarios públicos de la exclusiva confianza de la Presidenta Bachelet. 
Una campaña presidencial lánguida y sosa. Ahora la mueven las revelaciones que se hacen con respecto al entorno más próximo al gobierno sobre un supuesto pago de 12 millones de dólares para gestionar un proceso de sometimiento a la justicia para los hermanos Calle, alias “Comba”, parte de los rastrojos, alias “cuchillo” y el “Loco Barrera”. 
La Corte de Apelaciones de Valdivia acogió el desafuero del diputado Rosauro Martínez Labbé (RN), investigado por su responsabilidad en los homicidios calificados de Próspero del Carmen Guzmán Soto, Patricio Alejandro Calfuquir Hernández y José Eduardo Monsalve Sandoval, integrantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), ocurridos el 20 de septiembre de 1981, en el sector de Remeco Alto, comuna de Panguipulli.
El diario 
