Los principales financistas de las campañas políticas de derecha y concertación son encapuchados. Los encapuchados Luksic, Matte, AFP, Isapres, Corpesca, Paulmann, Cueto, Larraín, Hidroaysen, etc, etc. Cuando un encapuchado aporta a una campaña, espera que después su abanderado defienda sus intereses. Al financista la capucha le otorga anonimato y al político margen de acción ¿Qué mejor?
La capucha financista de campañas, fue hecha a la medida del statu quo, gracias a la actual ley de financiamiento de campañas políticas. En la práctica, esta es una ley de la selva, llena de triquiñuelas, vacíos y falta de fiscalización.
Es sabido que los candidatos gastan más de lo que declaran y está permitido por ley. Como diría mi abuela “hecha la ley, hecha la trampa”. Existen distintas formas de “legalizar” la trampa: Establecer comandos y desarrollar campañas antes de que empiece el período oficial, recibir donaciones o aportes que no son cuantificados y declarados como dinero o subvalorar algunos servicios recibidos, por ejemplo.
En su origen la ley 19.884 sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, se promovía desde el parlamento, como una igualdad de oportunidades, gracias a un sistema mixto que fiscalizaba el gasto excesivo y aseguraba un piso de recursos a los candidatos más débiles ( candidaturas no binominales).
Sin embargo, han sido los cabrones del poder político, también llamado duopolio, quienes concentran la mayor parte de aportes fiscales, mientras que el resto, los que inspiraron la ley, terminan recibiendo aportes marginales. Los candidatos independientes, de izquierda o movimientos sociales, no pueden competir en cancha pareja (como dirían los meritócratas) con el bloque derecha- concerta ( recauchada, hoy nueva mayoría).
Para muestra un botón. En la última elección municipal, el bloque derecha-concertación sumó 4.719 millones de aporte fiscal a las campañas de sus concejales y alcaldes, versus los 1.123 millones que recibieron los NO binominales “Por un Chile Limpio”, “La Fuerza del Norte”, “Juntos Podemos Más” e “Independientes”. La cantidad de aporte fiscal depende de la cantidad de votos obtenidos. Por ende, es mucho más probable que quienes cuenten con mayor financiamiento, proveniente de colosos donadores encapuchados, terminen, gracias al monumental despliegue de marketing y publicidad, obteniendo más votos y por ende más lucas del estado. Hecha la ley, hecha la trampa. El statu quo con piel de oveja.
Podríamos profundizar aún más en este tema y meternos en las descaradas cifras gastadas en campañas políticas. Sabido es que una campaña senatorial en circunscripción importante, cuesta 1 millón de dólares (en su campaña 2005 por Santiago Oriente, Pablo Longueira declaró gastos electorales por $667.556.428, con aportes secretos por $502.263.131. Andrés Allamand en la campaña 2005 por Los Lagos Norte, gastó $246.338.232, con aportes secretos por $223.058.128.) y una campaña a diputado cuesta mínimo 80 millones de pesos (en las elecciones parlamentarias de 2009, Iván Moreira gastó $122.519.252, de los cuales $81.784.721 eran aportes secretos) Difícilmente un hijo de vecino o dirigente estudiantil de clase media podría optar a recaudar estas cifras.
Por lo anterior, es que no me siento un optimista de las reformas al binominal ofrecidas por la DC y RN. Es más, creo que cambiar el binominal por el sistema que sea, sin extirpar a los encapuchados financistas de campañas políticas, sólo terminará dando más poder al poder del duopolio. Legitimando aún más la trampa.
Los encapuchados financistas han creado una sociedad alienada, hipnotizada por la publicidad y el marketing, en desmedro de contenidos e ideas. Los ricos encapuchados son capaces de transformar a Escalona en un chiche de la derecha pinochetista y a Allamand en un paladín de la democracia. Con plata se compran huevos y se sostiene el statu quo. Sin una ley que establezca un financiamiento estatal, en igualdad de monto para todos los candidatos y expulse a los encapuchados financistas, no habrá democracia plena, sólo maquillaje.