El liderazgo de la Concertación debiera explicarle también a sus bases y al país porqué buscó consolidar la impunidad, no solo respecto de las gravísimas violaciones de derechos humanos, sino además de los latrocinios económicos cometidos bajo la dictadura y particularmente de los efectuados por Pinochet y su familia.
En efecto, la propia eminencia gris de la transición, Edgardo Boeninger, señaló que en 1990 “quedaba el camino de investigar presuntas irregularidades, opción que se empezó a utilizar en el caso de Soquimich, con desestimiento posterior por involucrar a un yerno de Pinochet (sic). De haber persistido en investigaciones y acciones de este tipo respecto de otras empresas (alcanzaron a insinuarse en el caso de Endesa) se habría iniciado un largo y polémico procedimiento judicial con muy negativos efectos sobre el sector privado en general y de dudoso resultado final, dado que no parecen haberse realizado operaciones ilegales. Simplemente hubo situación ventajosa, en ocasiones abusiva, para algunos ex ejecutivos públicos que se convirtieron en administradores y accionistas de las empresas privatizadas, con acceso privilegiado al crédito bancario” (Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad; Edit. Andrés Bello, 1997; pp. 503-4).
Sin embargo, a fines de 1990 surgieron dos escándalos que no solo deslegitimaron dicha voluntad gubernativa de impunidad, sino que además comprometieron la permanencia de Pinochet como comandante en jefe del Ejército. Uno fue el descubrimiento de una financiera ilegal (“La Cutufa”) en la que estuvieron implicados numerosos oficiales y suboficiales del Ejército (Ver Rafael Otano.- Crónica de la transición; Edit. Planeta, 1995; p. 152); y el otro –más grave aún- el de los “pinocheques”, en el cual, en operaciones de dudosa legalidad y moralidad, aparecía el Ejército pagándole al hijo mayor de Pinochet (Augusto Pinochet Hiriart) un cheque equivalente a tres millones de dólares, por el 51% de una empresa metalmecánica destinada a la producción de armamentos (Ver Ascanio Cavallo.- La historia oculta de la transición; Edit. Grijalbo, 1998; pp. 67-72).
Lo anterior provocó un profundo impacto nacional, ilustrado en las expresiones del presidente del PS de la época, Jorge Arrate: “No logro comprender que el Comandante en Jefe del Ejército se mantenga en su cargo, especialmente después de conocer el escándalo de La Cutufa, que significó el retiro de algunos generales que no tuvieron la capacidad de detectar y controlar este escándalo. Veinte veces he planteado que es bueno para Chile que él renuncie, y lo seguiré haciendo” (Análisis; 3-12-1990).
En el caso de los “pinocheques” se formó una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, la que fue llegando a una conclusión lapidaria para Pinochet. A tanto llegó la situación que –de acuerdo a Andrés Allamand, entonces presidente de RN- el general Jorge Ballerino (el más importante lugarteniente de Pinochet en esa época) le pidió a Sergio Onofre Jarpa que explorara con Aylwin una salida política, en el entendido que Pinochet estaría dispuesto a tratar de su retiro anticipado de su cargo de Comandante en Jefe a cambio del cierre de la investigación (Ver La travesía del desierto, Edit. Aguilar, 1999, p. 266). Sin embargo, en la reunión concedida el 18 de diciembre por Aylwin a Pinochet para tal efecto, este último no dijo nada sobre ello. Ante esta ambigüedad, el ministro de Defensa (Patricio Rojas) convenció a Aylwin para que éste delegara en él las conversaciones con el Ejército.
De acuerdo a las diversas versiones existentes (de Allamand, Boeninger, Cavallo y Otano) pareciera que el Ejército quería lograr un acuerdo de enterrar el caso pinocheques a cambio de un peculiar compromiso de retiro a mediano plazo de Pinochet como Comandante en Jefe. Como Rojas planteara un plazo manejable (antes del 15 de abril), el Ejército no solo no lo aceptó, sino que para “justificar” su autoacuartelamiento amedrentador posterior, Ballerino habría señalado que Rojas exigió como “ultimátum” gubernamental la salida de Pinochet a esa fecha a más tardar. Sin embargo, pese a que tanto los ministros Edgardo Boeninger (Secretaría General de la Presidencia) y Enrique Correa (Secretaría General de Gobierno) le reiteraran a Ballerino que su percepción era fruto de una confusión o malentendido; Pinochet, reunido con el cuerpo de generales, adoptó la decisión de acuartelar el Ejército en grado uno el 19 de diciembre, operación eufemísticamente conocida como “ejercicios de enlace”.
El bluff del Ejército (el propio Boeninger reconocería que “no había riesgo de golpe de Estado”) fortaleció al grueso del liderazgo de la Concertación en su afán de legitimar su curso de acción subordinado a los poderes fácticos y de silenciar las voces disidentes al interior de aquel. Así, además de que dicho liderazgo aceptó enterrar el tema de los pinocheques (que igual se reabriría incómodamente para el Ejército y el Gobierno más de dos años después); se hizo cómplice de la total impunidad del conjunto de la familia Pinochet por sus latrocinios económicos (como reconoció Boeninger, “con criterio similar se enfocaron las investigaciones en relación a Lucía Pinochet y Ponce Lerou, poniéndose término a las denuncias políticas de la Concertación relativas a esos casos”); y se terminaron con las aisladas voces de su liderazgo –como las de Jorge Arrate- que aún pedían la renuncia de Pinochet a su alto cargo.
Con respecto a la capitulación de la mayoría concertacionista de la Cámara de Diputados, el testimonio de Andrés Allamand no puede ser más elocuente: “Hacia fines de enero de 1991, la comisión investigadora redactó un informe muy deslavado. El papel de la Cámara como ente fiscalizador fue triste, ya que el ruido había sido mucho y las nueces pocas, puesto que nadie se atrevió a hacerlas crujir. El Gobierno presionó directamente a los parlamentarios de la Concertación en la redacción de las partes más espinudas del informe y la inteligencia de Enrique Correa inventó un término elusivo para justificar el ablandamiento –hay que ‘contextualizar’ el informe en el marco más amplio de la relación de las Fuerzas Armadas y la civilidad- era su insistencia. No se trataba de majadería de su parte: había algo perentorio tras su demanda. En la mañana del día que debía votarse el informe de la comisión, todavía se trabajaba en la redacción de las conclusiones. Eran seis y la última se refería al general Pinochet… en la presidencia de la Cámara estaban reunidos José Antonio Viera Gallo, el Ministro Correa y el grupo redactor y, al teléfono –con parlante abierto- el general Ballerino. El informe final queda con solo cinco conclusiones. Al general Pinochet no se le menciona. –La transición vale más de tres millones de dólares- concluye Enrique Correa” (Op. cit.; pp. 265-6).
Otro de los penosos efectos de los ejercicios de enlace sobre el liderazgo concertacionista fue que inauguró su costumbre de distorsionar la realidad con el fin de encubrir su impotencia o indolencia frente al tutelaje militar. Así, en un comunicado oficial el Gobierno expresó: “El Ejército hoy día ordenó un ejercicio, que corresponde a un estado de movilización que se hace con fines de probar planes de enlace y que la misma institución aclarará en su momento (…) la situación es de absoluta normalidad”. Además, el ministro Rojas declaró que “no hay ninguna situación de alteración del orden constitucional ni del sometimiento que las Fuerzas Armadas tienen al orden que prescribe nuestra Constitución” (La Nación; 20-12-1990).
Pero lo más grave que empezó a entreverse ya en 1990 fue que ¡el tutelaje militar no iba a ser en absoluto disfuncional con los objetivos políticos del liderazgo concertacionista!. Esto lo reconoció Patricio Aylwin en 1993: “La permanencia del general Augusto Pinochet en la Comandancia en Jefe del Ejército ha sido un factor de estabilidad durante la transición y ha hecho que el restablecimiento del sistema democrático en el país sea menos traumático” (El Mercurio; 28-9-1993). Y lo ha refrendado recientemente al señalar que “Pinochet no fue un hombre que obstaculizara las políticas del Gobierno que yo encabecé” (El País, España; 27-5-2012). En efecto, dicho tutelaje contribuiría en la práctica a legitimar el acomodo de dicho liderazgo a la obra económica-social refundacional de Pinochet; acomodo consecuente con la “convergencia” reconocida por el propio Boeninger con el pensamiento económico de la derecha y que, a la vez, aquel liderazgo “no estaba en condiciones políticas de reconocer” (Op. cit.; p. 369).