El liderazgo de la Concertación debiera explicarle también a sus bases y al país porqué intentó, desde 1990 hasta 2010, impedir que internacionalmente se afectara la impunidad existente respecto de las violaciones de derechos humanos de la dictadura; y porqué toleró la completa autonomía de Pinochet como comandante en jefe del Ejército, incluyendo su virtual tutelaje sobre los gobiernos concertacionistas hasta 1998.
Así, cuando el gobierno de Aylwin se adhirió a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en agosto de 1990, reconoció la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero con la reserva de que “los reconocimientos de competencia que ha conferido se refieren a hechos posteriores a la fecha del depósito de este Instrumento de Ratificación o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990” (Beatriz Brinkmann.- Itinerario de la impunidad. Chile 1973-1999. Un desafío a la dignidad; Cintras, 1999; p. 103). Con ello se pretendía que el sistema interamericano no tuviera atribuciones para sancionar al Estado chileno por las violaciones de estos derechos cometidas bajo la dictadura. Afortunadamente para nuestro país la Comisión y la Corte Interamericana no lo entendieron así, acogiendo las denuncias que se presentaron en la materia. Aunque cuando la Corte Interamericana ordenó por sentencia de septiembre de 2006 (Caso Almonacid Arellano) de que el Estado chileno derogara el Decreto-Ley de Amnistía de 1978, el gobierno de Bachelet no cumplió con ello, pese a que disponía de mayoría parlamentaria para tal efecto.
Por otro lado, Aylwin no había hecho mayor cuestión de la permanencia de Pinochet como comandante en jefe del Ejército. Según Boeninger, en su primera entrevista “le señaló a Pinochet que a su Gobierno no le parecía bueno para el país ni para el Ejército su permanencia en la Comandancia en Jefe, pero que reconocía y respetaba su derecho (de permanecer en el cargo), por lo que la decisión al respecto quedaba en manos del propio Pinochet” (Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad; Edit. Andrés Bello, 1997; p. 392).
Sin embargo, la creación de Pinochet de un organismo que lo asesorara en asuntos políticos, que recibió el nombre de Comité Asesor del Comandante en Jefe y que constituyó una versión simplificada de su antiguo Ministerio Secretaría General de la Presidencia, molestó particularmente al Gobierno, dado que significaba una suerte de mini-gobierno paralelo en la sombra y que no pudo disolver a través de la Contraloría General de la República (Ver Rafael Otano.- Crónica de la Transición; Edit. Planeta, 1995; pp. 124-8; y Ascanio Cavallo.- La historia oculta de la transición; Edit. Grijalbo, 1998; pp. 29-33).
El caso es que el Gobierno intentó remover de su cargo a Pinochet, para lo que Aylwin resaltó el día del natalicio de Bernardo O’Higgins (20 de agosto) su gesto de abdicar del poder. Tres días después, Pinochet señaló que “sería poco inteligente” reeditar las experiencias de los grandes hombres de la nación. Luego, el 2 de septiembre, el Ministro de Defensa, Patricio Rojas, concedió una entrevista en la que reiteró que el Gobierno estimaría positivo que Pinochet abandonara el mando, sugirió una “racionalización” del presupuesto de las Fuerzas Armadas, objetó la tenencia de la mansión de Lo Curro en manos del Ejército y volvió a criticar al Comité Asesor. Al día siguiente, los generales de Santiago le comunicaron privadamente al Gobierno su malestar y su rechazo a todas las sugerencias del ministro (Ver Cavallo; op. cit.; pp. 48-9).
Pero todo ello generó una dura contraofensiva de Pinochet. Así, el 5 de septiembre denostó públicamente al Ejército alemán en un discurso de agradecimiento a un homenaje que le rindió el Rotary Club. En él señaló que su inspirador luego de la segunda guerra mundial (el general Wolf Graf von Baudissin) “fue el traidor más grande que haya tenido Alemania respecto a su Ejército”; que “hoy tenemos un Ejército de marihuaneros, drogadictos, melenudos, homosexuales y sindicalistas”; y que “esa enseñanza negativa (…) la quieren aplicar en Chile y eso es lo que me preocupa” (La Epoca; 9-6-1990).
El 7 de septiembre –en un discurso recordatorio del atentado que había sufrido en 1986- expresó que “cuando nos golpean, callamos. Estamos tranquilos, somos estoicos, creemos que vendrá la calma. Es como lo que sucede con un balde lleno de agua. Si se mueve un poco el agua se agita, pero se calma. Salvo que un imprudente le dé un puntapié, el agua se derrama. Pero estoy convencido de que nadie quiere una cosa así” (La Nación; 8-9-1990).
El 11 hizo alocuciones de claro contenido político y, al recibir una carta de reconocimiento de la UDI, dijo que “si las circunstancias (de 1973) se dieran de nuevo, no tendría ningún momento de duda para actuar igual” (El Mercurio; 12-9-1990). Al día siguiente hizo trascender su respuesta al Gobierno de que la mansión de Lo Curro solo la devolvería para que fuera usada como casa de los Presidentes de la República, pero que “si su redestinación lo fuera para fines distintos al antes señalado, no escapa a la consideración del Ejército que se trataría de una situación agraviante y que en nada contribuiría al interés que la Institución tiene en cuanto a mantener las mejores relaciones con el actual Gobierno, en beneficio de los superiores objetivos de la Patria” (La Segunda; 13-9-1990).
Por último, el Día del Ejército (19) –al recibir la “irrestricta lealtad” de los demás comandantes en jefe- Pinochet declaró que “cada cierto tiempo el Ejército tiene que actuar en forma histórica, considerando lógico que en la última de estas intervenciones los que tuvimos más víctimas fuimos los que luchamos en tierra” (El Mercurio; 20-9-1990).
¿Qué hizo el liderazgo de la Concertación ante todo ello? El grueso de su liderazgo expresó una incómoda resignación. De este modo, la mayoría concertacionista de la Cámara de Diputados (por 58 contra 43) aprobó un simple “llamado de atención” criticando a Pinochet porque “ha incursionado en materias de política contingente y, con sus últimas intervenciones, ha afectado las relaciones exteriores de Chile, en especial con la RFA” (La Epoca; 13-9-1990).
Y el presidente Aylwin citó simplemente a Pinochet “con el objeto de presentarle su preocupación por conductas que, a su juicio, se apartan del marco institucional de sus funciones”, de acuerdo a un comunicado oficial. En este se señaló que “el Presidente de la República se refirió específicamente a actuaciones suyas que entran en el campo de la contingencia política, y a las desafortunadas palabras con las que calificó al Ejército de un país tradicionalmente amigo de Chile, comprometiendo con ello nuestras relaciones internacionales”; y que el Gobierno “insta a que todas y cada una de las autoridades e instituciones del Estado cumplan con el rol que la Constitución les asigna, sin invadir campos que excedan su competencia” (Las Ultimas Noticias; 21-9-1990).
En los “extremos” de dicho liderazgo se expresaron actitudes de total sometimiento como las del Presidente del Senado Gabriel Valdés; o de protestas testimoniales como las del diputado DC Jorge Pizarro. El primero justificó el golpe de 1973 y a quienes celebraban su conmemoración: “Es un golpe que se produjo cuando no había otra solución para mantener aquello que un país necesita, que es un orden”; añadiendo que quienes celebran esta fecha “son honestos en hacerlo y los respeto” y que ese día “tal vez la mayoría de los chilenos creyeron que las Fuerzas Armadas estaban salvando a Chile de un comunismo inminente o una dictadura” (El Mercurio; 11-9-1990). Y el segundo señaló que “el conflicto de fondo en la situación vivida últimamente entre las Fuerzas Armadas y el Gobierno es la suerte de tutelaje que el Comandante en Jefe del Ejército, general Augusto Pinochet, quiere ejercer con respecto al proceso democrático” (El Mercurio; 22-9-1990).
En este contexto, la iniciativa de la Izquierda Cristiana de acusar constitucionalmente a Pinochet, por “haber comprometido gravemente el honor de la nación”, fue evidentemente desestimada por las direcciones del PDC, PPD y PS, afirmando que “no es la oportunidad de presentar una acusación constitucional, aun cuando entendemos que los fundamentos jurídicos son suficientes o podrían serlo” (La Tercera; 15-9-1990). En realidad, como se comprobó desde 1998 en adelante -luego de que dejara el cargo de comandante en jefe del Ejército- para el liderazgo de la Concertación nunca iba a ser “oportuno” acusar constitucionalmente a Pinochet, ni menos llevarlo efectivamente ante la Justicia.
Pero hay dos cosas muy notables de constatar en todo el conflicto anterior. La primera, que en él no hubo ninguna discrepancia respecto del tema sobre la justicia en materia de graves violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura; lo que es plenamente congruente con la política pro impunidad que había desarrollado el gobierno de Aylwin desde su primer día de gobierno. Y la segunda que, más allá de su espectacularidad, la reafirmación del tutelaje de Pinochet no significó merma alguna para los objetivos básicos del gobierno de Aylwin. Como este último lo acaba de reconocer: “Pinochet no fue un hombre que obstaculizara las políticas del Gobierno que yo encabecé” (El País de España; 27-5-2012)…