Continúa la polémica generada luego de conocerse la participación del jefe del Estado Mayor del Ejército, Guillermo Castro Muñoz, en la CNI y su vinculación en el caso de los 22 campesinos de Paine fusilados en octubre de 1973.
Y el Gobierno está enfrentando sin un consenso claro el haber mantenido a ex agentes de la DINA y la CNI en importantes cargos del Ejecutivo y las Fuerzas Armadas. Hoy, el primero en hacer frente a la polémica fue el Presidente Sebastián Piñera, quien volviendo de sus vacaciones aseguró que su administración con contará entre sus filas con responsables de violaciones a los DD.HH.
“Ninguna persona que tenga responsabilidad en materia de violación a los DD.HH. va a ser parte de las Fuerzas Armadas o de nuestro Gobierno. Nuestro compromiso con los DD.HH. es total e inquebrantable, en esto nuestro Gobierno ha dado muestras muy claras, queremos crear una cultura de respeto a los DD.HH.”, dijo el mandatario.
Sin embargo, el ministro de Defensa, Andrés Allamand, consideró luego que “esto es una cosa de aplicar criterios”, pues a su juicio no se puede juzgar a una persona solo por haber pertenecido a la CNI: “Tal como expresó ayer el ministro del Interior, el Gobierno del Presidente Piñera, en esta materia, no va a innovar respecto de los criterios aplicados por los gobiernos de la Concertación hasta la fecha. ¿En qué consisten tales criterios? En que por el solo hecho de haber sido destinado en algún momento de su carrera a la CNI, esa sola circunstancia no constituye un elemento que lo inhabilite para continuar adelante con su carrera militar”, explicó Allamand.
“Quiero hablar con mucha franqueza: se trata de oficiales que no tenían -creo yo- las condiciones ni siquiera para haber rechazado aquella destinación que se les imponía”, añadió el secretario de Estado.
Allamand aseguró que solo la aparición de antecedentes comprobables, que involucren a una persona en un delito o una violación a los DD.HH., son causales para terminar con la carrera de un militar.
“Están afianzando la impunidad”
Por su parte, representantes del Partido Comunista llegaron hasta el ministerio de Defensa para entregar una carta dirigida al ministro Allamand, donde le demandan exigir la renuncia del cuestionado militar.
Juan Andrés Lagos, miembro de la Comisión Política del PC, aseguró que es un hecho grave que un oficial de alto rango con funciones militares y de Estado esté vinculado a violaciones a los DD.HH. durante la dictadura, y criticó que la información se haya conocido por la prensa.
Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, dijo que han escuchado la promesa del Presidente Piñera desde la campaña y que, sin embargo, el Ejecutivo desmantela la institucionalidad de DD.HH. y ampara a los genocidas.
Pizarro coincidió en que en esta situación hay responsabilidad tanto del actual Gobierno como del anterior: “Castro no apareció hoy día. Basta escuchar lo que dijo Francisco Vidal para que nos dé vergüenza lo que dice un ex ministro de Defensa de este país, y basta escuchar también lo que dijo Rodrigo Hinzpeter, que no tiene ninguna diferencia con lo que respondían hace un año, cuando todavía era gobierno la Concertación. Vamos a esperar la culpabilidad para separarlos de las filas, no importa si fueron parte de la DINA y la CNI, como que estuviésemos hablando del Hogar de Cristo. Estamos hablando de aparatos represivos, terroristas. Están teniendo la misma conducta y están afianzando la impunidad”, afirmó.
La presidenta de la agrupación advirtió que este tipo de polémicas dañan la imagen internacional de Chile, pues el Gobierno debe cumplir con la normativa internacional relativa a los derechos fundamentales.
Lorena Pizarro aseguró que el pasado martes solicitaron una reunión con el ministro Allamand para tratar este tema, pero que aún no obtienen respuesta.